Con una bienvenida inclusiva, que reconoce todas las formas de identidad —saludamos a todas, todos y todes—, la doctora Gina Gómez de la Torre, abrió otro capítulo del pódcast Opinión & Glitter, de la revista digital Bagre, que esta vez tuvo como invitada especial a la activista LGBTIQ+, Nicole Abad, actualmente abogada de la fundación Diálogo Diverso.
Gómez De la Torre conversó de manera exhaustiva y minuciosa con Nicole sobre las luchas que ha debido enfrentar —y enfrenta— la población LGBTIQ+.
Desde el año 2019, el matrimonio igualitario es legal; sin embargo, aún existen brechas en la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo.
Y es que si bien la ley permite el matrimonio, la realidad es que la sociedad y algunos sectores conservadores siguen oponiéndose a la igualdad plena. Un ejemplo de ello es la prohibición de la adopción conjunta para parejas del mismo sexo, lo que genera una contradicción con el principio de igualdad y no discriminación.
Este es sólo uno de los antecedentes que pone de manifiesto la exclusión a la que se ve sometida la comunidad LGBTIQ+, lo que sugiere que el sistema no está diseñado para atender sus necesidades.
En este contexto, de grandes avances pero también de enormes retrocesos, Gómez De la Torre charló con Nicole.
Has decidido romper con los estereotipos que la sociedad impone y defender los derechos de quienes eligen el género con el que se identifican. Dime, Nicole, ¿qué significa estar amparada por una justicia que no siempre acepta lo que una persona decide sobre su propia identidad?
Es complejo hablar del sistema judicial cuando, primero, no está pensado para todos, todas y todes. Y, segundo, cuando esas falencias estructurales no están adaptadas hacia las necesidades de poblaciones específicas.
Hace unos años se adaptaba un poco el sistema al género para tratar de entender la lucha feminista dentro de la representación jurídica en general del Estado, pero lastimosamente este espacio nunca se abrió para las diversidades. No sólo hablo del género, sino también de tu sexualidad, de tu expresión de género, de quién te gusta.
Estos lugares de acogida que deberían ofrecerte la justicia, son espacios de juzgamiento. Además para muchos son inaccesibles. Para mujeres trans empobrecidas, por ejemplo, que ejercen el trabajo sexual en la calle, llegar a la justicia o tener abogados es mucho más complicado. Entonces, la población LGBTIQ+ no sólo es vulnerada por el sistema de justicia sino que no tiene acceso a la justicia. Y una vez adentro es complicado.
Durante un taller hablábamos de una pareja gay con problemas de violencia intrafamiliar. Uno de ellos va a pedir medidas y en la primera instancia judicial, que debería ceñirse exclusivamente a la recepción de la denuncia, le preguntan, “¿y usted no es hombre como para que pueda defenderse?”.
Con esos comentarios, la persona decide no poner la denuncia y se propone esperar algún tipo de justicia divina o algo parecido. Entonces, si acceder a la justicia en estos tiempos es complejo, para las personas LGBTIQ+ lo es aún más, por las barreras estructurales que existen.
Antes de venir a esta entrevista solicité estudios jurimétricos, es decir datos estadísticos que indiquen cuántos fallos de casos de violencia intrafamiliar existen entre personas LGTBIQ+ —cuyo matrimonio es reconocido—, y me dijeron que no tenían registros.
Bueno, hay falencias en general en el registro de todo. En realidad es raro que una entidad pública —no sólo la que imparte justicia— tenga registros específicos de personas LGBTIQ+. En general, no hay registros, y lo que no se nombra no existe. Si no generamos datos, seguimos siendo invisibles. Si no nombramos esa violencia, las parejas LGBTIQ+ quedan desprotegidas, porque más allá de estos casos de lesiones, de violencia verbal, de violencia física, el problema es que ni siquiera llegan al sistema.
Hay organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y activistas independientes que registran las muertes de las mujeres trans, porque no existe una clasificación específica dentro de la Fiscalía para considerar los crímenes contra mujeres trans como feminicidios.
Cuando la policía hace los registros, se toma la mayoría de estos casos como “saldo de cuentas”, “violencia entre parejas”, porque muchas mujeres trans, por ejemplo, ejercen el trabajo sexual, son migrantes, y no hay ni siquiera el registro de una visa a la que hayan podido acceder o que el gobierno sepa desde cuándo están aquí y cuáles son sus condiciones.
Es decir, la comunidad LGBTIQ+, en general, está invisibilizada. Y desde allí parte el problema principal, porque al no haber cifras siguen fingiendo que no existimos, y por tanto no hay políticas públicas al respecto.
Tratamos de generar estadísticas desde las organizaciones sociales, las llevamos al sector público y nos preguntan ¿cuál es el verificado? No tenemos nada más con qué trabajar, ¿cómo vamos a presentar el verificado?
Podemos reportar, por ejemplo, que murieron 70 mujeres trans el año anterior, por delitos de odio, por ser personas trans, y la fiscalía o los espacios donde deben impartir justicia dicen, “pruebe que el asesinato fue porque eran personas trans”.
Primero, la sentencia por el delito de odio es dificilísima y este tipo de delitos es el más aplicable a la comunidad LGBTIQ+. Y segundo, no hay registros de estas personas, no tienen boletas de auxilio previas porque, repito, es difícil acceder a la justicia. Entonces, no hay un historial en el que la fiscalía pueda verificar.
No hay datos sobre la violencia, cuyos delitos se tergiversan, porque a la política pública no le interesa. No le ha importado durante todos estos años y por eso las ONG y los activistas independientes estamos trabajando en la visibilización de estas problemáticas, tal como sucedió con el matrimonio, que siendo un derecho garantizado por todos los estados del mundo, bajo el pacto internacional de derechos civiles y políticos, hubo que luchar para que pueda hacerse efectivo entre las personas LGBTIQ+.
No hay además en el sistema público datos sobre el acceso a la salud, como los tratamientos hormonales para mujeres y hombres trans, o atención ginecológica para mujeres lesbianas. No hay tampoco un protocolo o una normativa que evite preguntas incómodas, porque cuando las mujeres lesbianas acudimos al sistema público y nos preguntan si ya comenzamos nuestra vida sexual, la siguiente pregunta es, “cómo nos cuidamos—en alusión al embarazo—”. Y después, cuando decimos, “soy lesbiana” te tratan distinto.
Hay también violencia ginecológica de la que habla la Ley Orgánica contra la Violencia de la Mujer, por ello debería haber un protocolo distinto, un manual de manejo de la salud sexual y reproductiva para las personas con identidad de género diversa, que tenga en cuenta sus necesidades particulares.
Los pocos protocolos que con suerte hemos llegado a tener, que hablan sobre género, no contemplan las diversidades.
Se ha trasladado el término género hacia mujer cuando el género más bien es esta construcción de cómo vives tu identidad sexual, genérica, pero aquí sí hay una corrección y una diferenciación para no caer en errores: una cosa es la persona que decide vivir su género como desee, que su expresión de género puede ser la que sea, pero también hay una vulnerabilidad muy personal que a mí me toca con los feminismos, con las feminidades, porque las mujeres lesbianas también somos mujeres. Y muchas veces en estos espacios, protocolos y palestras no estamos. Las mujeres trans también son mujeres, y tampoco figuran en estos infinitos protocolos. Entonces, la lucha, incluso la reivindicativa, y aquí va una crítica para los feminismos que reconozco han trabajado por el reconocimiento de sus derechos, se ha hecho de manera incorrecta porque no estamos llegando a la liberación que queremos.
Debe haber una corrección en los protocolos ginecológicos de acceso a la salud para mujeres, porque las bisexuales también son mujeres; las lesbianas, también somos mujeres; y no deberíamos ser discriminadas. Y bueno, con las mujeres trans es otra historia más complicada aún.
El desarrollo de los derechos LGBTIQ+ ha sido un proceso de lucha, desde la despenalización, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, hasta la legalización del matrimonio igualitario y la inscripción de los hijos por parte de dos mujeres. Sin embargo, no hay sentencia en la Comisión de la Verdad por el caso Coccinelle, que busca justicia para mujeres trans víctimas de violencia sistemática en los 80, que siendo trabajadoras sexuales fueron desaparecidas o torturadas por su condición. El Estado no responde, y las víctimas envejecen sin respuestas. ¿Qué cambios esperan lograr?
Primero, el resarcimiento de los derechos en todos los casos, más allá de Coccinelle. Es decir, de todas las mujeres que no están en esa lista, de todas las mujeres trans que también dieron su vida antes y después de la despenalización y que no sólo fueron sistemáticamente torturadas, sino también violadas por la policía. A las mujeres trans que no vivieron en esa época también les ha costado volver a creer en las instituciones, como la policía o el ejército, porque estas nunca han defendido los intereses de las poblaciones más vulnerables. Haría un espacio para todas las mujeres que no están en la lista de Coccinelle, que no pudieron afiliarse y que, incluso, han perdido la vida.
Más allá de las indemnizaciones, hay que resarcir esas injusticias con políticas públicas. Que la policía y los militares se eduquen en diversidades sexuales para que jamás vuelva a suceder lo que sucedió.
Hace dos meses, a una mujer trans muy cercana a nosotros la paró la policía y como su pareja es afrodescendiente les acusaron de llevar droga en el carro, les hicieron bajar, les requisaron, no les trataron con los nombres adecuados; hubo violencia de por medio. La capacitación tiene que ser ahora.
¿Qué otras cosas pedimos? Acceso digno a espacios públicos y a derechos como la salud y la justicia; que entiendan que una persona con diversidad sexogenérica no es igual que una persona cisgénero. Solamente con capacitación y comprensión se puede llegar a atender un delito de violencia.
Con sólo tres casos de delito de odio en un año que hayan sido sentenciados correctamente estaríamos progresando. Hay que cambiar el acceso al sistema de justicia, porque si bien hay espacios gratuitos en los que estamos trabajando para capacitar, como en la Defensoría Pública, no es suficiente. Además, no hemos llegado a todas las partes del país.
Hay que descentralizar para que las personas LGBTIQ+ de cualquier espacio, como Shushufindi, puedan defender sus derechos dentro de cualquier espacio de justicia.
En cuanto a la salud, que sea un espacio que provea el Estado en donde el personal esté capacitado y adaptado a nuestras necesidades, que no solamente cuente con los insumos necesarios, que ya es un reto para este Gobierno, sino que también cuente con capacidad técnica y un enfoque diferenciado. Incluso, dentro de esta área, yo sugeriría que se haga investigación sobre tratamientos hormonales para las personas trans.
Desde el 2024 estamos esperando una sentencia de la Corte Constitucional por el caso Amada.
Los abogados de la Fundación Pakta tomaron el caso y en 2018 recibieron una sentencia favorable de un juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito que obligó al Registro Civil a cambiar el nombre y el sexo de Amada en su cédula de identidad.
Amada recibió el documento con su nuevo nombre y las palabras “género femenino”, en el lugar en el que consta el sexo de cada ciudadano. Pero días después, el Registro Civil apeló la decisión y un juez provincial elevó el caso a la Corte Constitucional.
Amada tiene sus documentos con los cambios ordenados por el juez de primera instancia, pero tras la apelación, estos datos fueron borrados de la base del Registro Civil, y ahora la familia espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Seguimos esperando la ampliación del protocolo para menores trans que elaboraron en Salinas para el Ministerio de Educación con el objetivo de que los niños trans no sean discriminados en las aulas del colegio, como sucedió en Guayaquil con un joven trans que se suicidó porque en la institución educativa en la que estudiaba no tenían los espacios adecuados para tratar estos casos.
Todo el sistema tiene que cambiar para que no tengamos que pelear contra el odio y la discriminación. Mucha gente nos pregunta, cuando hablamos de acceso a derechos, "¿por qué quieren más derechos?", tal como sucede en la lucha feminista.
Hace menos de 10 años no podíamos casarnos, y el matrimonio es un derecho universal, pero nuestra Constitución no lo reconocía. Es un derecho universal adoptar, pero nuestra Constitución no lo reconoce. Es un derecho universal expresarse libremente y aún así un policía me para porque estoy en la calle con un atuendo que no corresponde “al que debo llevar”. Es un derecho que un niño tenga la libertad de poder dejarse el cabello largo y, sin embargo, las escuelas hacen problema por eso.
Tenemos una Constitución bastante garantista en algunas cosas, pero el Estado no se detiene a observar qué está fallando para crear políticas públicas.
No estamos llegando a todos los sectores y por falta de financiamiento y de capacidad técnica estamos siendo discriminados.
Podemos encargarnos de los medios, a través de influencers, de las redes, de la radio y de la televisión para poder visibilizar la problemática. Soy joven y noto que la percepción de la gente sobre las diversidades ha cambiado.
Muchas personas, incluso mayores que mí, tienen visiones completamente diferentes, y eso significa que a través de los medios algo estamos haciendo.
De la sociedad podemos encargarnos nosotros, pero necesitamos que el gobierno implemente políticas públicas en favor de quienes más desprotegidos están. Y eso comienza con la evaluación de cifras, escuchando a la gente.
Tenemos una Subsecretaría, aunque no sé en qué quedó la Subsecretaría de Diversidades, que ahora es parte del Ministerio de Gobierno, que está ahí pensada para hacer políticas públicas y escuchar las necesidades de la población, pero cuando elevas estas peticiones al Ministerio sientes que has perdido el tiempo.
Se crean juntas de LGBTIQ+ y no pasa nada. Yo fui parte de la Junta Nacional de Diversidades LGBTIQ+, en la que nos reunimos y dijimos lo que necesitábamos, pero no había quién nos escuchara después de hacer todo ese trabajo.
Debe haber muy pocas sentencias por transfemicidios y delitos de odio debido a la complejidad y a la falta de experticia en Fiscalía. Pero existe otro tema en discusión en la Asamblea: la maternidad subrogada. ¿Les han llamado para que se pronuncien, ya que hay causas abiertas para determinar quién es la madre, y ustedes también tienen voz en este asunto porque en las familias homoparentales puede haber dos madres?
Es bien complejo. Por ejemplo, el caso Satia te habla un poquito de la adopción entre dos madres y ya hay un precedente jurídico. Pero pensando en esta nueva ley de la maternidad subrogada digamos que los cambios se dan. Que se permite, por ejemplo, a Juanito registrarse como padre de la maternidad subrogada, pero no se puede gestar un proceso de adopción de ambos padres porque existe un candado constitucional que dice, “la adopción será entre un hombre y una mujer”.
Ese candado es igual al del matrimonio igualitario, porque los jueces tuvieron que hacer una gimnasia mental para aprobarlo debido a que la ley decía, “el matrimonio será entre hombre y mujer”. En la sentencia sostuvieron, “bueno, se puede considerar un ejemplo de familia, porque se aceptan las familias diversas”. Hubo que hacer marañas para que llegara la legalización.
Yo le llamo filigranas jurídicas…
Exacto, pero el problema es que con la adopción sí hay ese candado porque la Constitución dice que debe ser únicamente entre hombre y mujer. Es más difícil para la Corte Constitucional poder entender la adopción entre, por ejemplo, dos hombres. En el caso Satia hay jueces y jueces. ¿Por qué? El uno invoca el precedente del caso Satia y el otro pone la Constitución encima y dice "¿quién gana?". Y otra vez hay que elevar a la Corte Constitucional estos problemas.
Incluso si es que todo sale bien con los procesos de maternidad subrogada y llegamos a estos espacios no va a ser tan sencillo porque la adopción sigue siendo un proceso ilegal para las personas del mismo sexo. Podríamos decir que es óptimo para mujeres, para madres solteras, para padres solteros que quieran adoptar a través de un vientre, o para matrimonios, por ejemplo, entre dos hombres que quieran adoptar una niña, pero sólo uno puede gestar como padre. Entonces, sigue existiendo el problema porque la Constitución está por encima de cualquier ley, de modo que se necesita otra sentencia que cambie todo el panorama para que la población LGBTIQ+ pueda adoptar.
El artículo 424 de la Constitución ecuatoriana establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado prevalecen sobre las leyes internas. Es decir, el derecho es lo primero, por ello se requiere de un proceso de sensibilización de jueces, fiscales y equipos técnicos.
Tuve un caso en que no reconocían a la madre que dio sus óvulos porque decidió ser trans, pero ella dijo, “yo soy la madre porque di mis óvulos” y fue tan complejo el caso que no podían dilucidar. Cuando dije que íbamos a ir a la Corte Interamericana, una jueza bastante coherente, para evitarse todo el problema que se iba a armar, dijo, "pónganse de acuerdo”, pero las cosas no son así. ¿Qué viene después? ¿Cómo vamos a manejar todas estas interrogantes que se van dando? Las leyes deben adaptarse a la realidad actual. De cualquier manera, hay algo que me preocupa mucho más y es que existe una campaña antiderechos por parte de movimientos que tienen la consigna “con mis hijos no te metas”. ¿Cómo percibes todo esto?
Sí, hay un aumento de gobiernos en contra de la población LGBTIQ+ que son antiderechos en general. Para nosotros es super complejo porque siempre somos el tópico del que hablan. Cualquier presidente de derecha de Latinoamérica al dar un discurso populista comienza con la frase, "las personas trans van a dañar a nuestros hijos”. Siempre estamos ahí. Muere un niño que era hijo de una pareja de lesbianas, entonces las lesbianas son…
Tienen la idea preconcebida de que ser trans o LGTBIQ+ es negativo, por ello siempre vamos a ser parte de su discurso. Y cuando estos discursos llegan a más personas con menos información y menos educación es mucho más peligroso. Lo sientes en la calle. Ha habido momentos de relativa tranquilidad en los que el mundo se vuelve un poco más progre, parece que todo va bien, y luego vuelves a enfrentar en las calles estos discursos que vienen de presidentes.
Caminamos por la calle con nuestra pareja de la mano, y te insultan porque replican estos discursos de odio que escuchan de los líderes. Yo me pregunto, ¿dónde denuncio? ¿Y cómo pruebo que esa persona me dijo tal cosa por ser lesbiana?
El problema es serio y se ha intensificado no sólo contra las diversidades sino también contra la migración. Estamos viendo este fenómeno que hace dos o tres años no pasaba.
Ahora tienes que cuidar tu integridad, tu dinero, tu trabajo. Quienes ahora ejercen trabajos en espacios no tan inclusivos pudieron decir en una época, “tengo una pareja del mismo sexo”; “sí, soy trans”, y ahora deben ocultarlo nuevamente.
Volvimos al clóset. La oleada antiderechos nos ataca desde todos lados.
Hace poco hubo una exhibición LGBTIQ+ en una capilla desacralizada en Quito y todo el mundo se horrorizó; sin embargo, esa misma gente aplaudía el 31 de diciembre a las viudas. No se dan cuenta de que entre discurso y discurso afectan nuestra vida cotidiana, nuestros espacios de aceptación, y quienes están al mando de las políticas públicas tienen incluso miedo de hablar.
No hay espacios para la interseccionalidad, porque el discurso es racista, antifeminista, transfóbico y si eres una mujer transracializada y migrante es peor, por eso debemos hacer activismo de resistencia, un tejido de cuidados colectivos.
El Estado debe asegurarnos la vida, la seguridad, la libertad de poder expresarnos libremente y políticas públicas. Hay personas que han dejado de pronunciarse para evitar amenazas.
Abro mi Instagram y cada vez veo menos videos informativos LGBTIQ+. Tenía agregados influencers de Colombia, Argentina y Estados Unidos que ya no aparecen. En El Salvador, por ejemplo, te prohíben el uso del lenguaje inclusivo y nadie quita que esto pueda llegar a pasar en Ecuador porque son discursos que se replican desde el norte global hacia todos nosotros. En Argentina también está sucediendo.
Es complicado resistir y existir; siempre ha sido difícil. La despenalización me imagino que fue difícil, no soy de esa época, pero la censura y la falta de apoyo y de fondos se siente.
Qué mensaje les darías a las personas que están al otro lado sobre lo que aspiras de la sociedad. ¿Qué derechos crees que deberían respetar y aceptar?
El mundo cambia cuando entendemos que nosotros podemos ser agentes de cambio. Me quejo de la falta de política pública, pero sé que si esto no cambia tengo que hacer algo. Si conocemos a una persona LGBTIQ+ —un amigo, un hijo, un hermano, un primo, o quien sea—, no lo discriminemos.
Si a tu primo, que es gay, le hacen mofa en la mesa familiar, di algo, no guardes silencio. Si ves en la calle que los derechos de una mujer trans están siendo vulnerados, no te calles.
Ese es el mensaje para la gente. Subestimamos las redes que teje, por ejemplo, el feminismo. El mundo cambia con las redes porque cualquier espacio de tu vida está sostenido por mujeres, y si las mujeres sostenemos desde la ternura, que esta llegue a las personas LGBTIQ+, en donde llaman madres a quienes cuidan de los desamparados.
Si sales del clóset, y tienes papá y mamá, sabes que tu mamá te va a aceptar; quizás tu papá no, pero tu madre no te va a abandonar.
La mayoría de espacios sostenidos por feministas son aliados de la comunidad LGBTIQ+, no perdamos eso, porque los discursos de odio, como el que sostiene que las mujeres trans no son mujeres, nos están separando. Somos hogar, somos cuidado, somos un espacio desde el que nos toca a todos resistir y colaborar.
Si no estamos de acuerdo con el hombre gay, tenemos que sostenernos de igual manera porque todo está en contra nuestro. Feminismos, diversidades, personas racializadas, migrantes, indigenismos, todos debemos apoyarnos. Ese es mi mensaje, que cuidemos lo que hemos construido durante tanto tiempo de lucha.
Y a la audiencia LGBTIQ+, que sea real, auténtica y valiente. Seamos una versión más auténtica de nosotros mismos. Amar distinto, ser distinto y vestir distinto nos ha costado mucho; hagamos que valga la pena.
Debemos entender que el cambio está en la gente. Tú estuviste en un espacio compartido conmigo hace poco, y estamos llegando.
Gómez De la Torre concluye este encuentro con una reflexión que nos invita a meditar sobre nuestra responsabilidad en el metro cuadrado que habitamos:
—Si cada uno de nosotros somos una abeja que va poniendo la cera y la miel, podemos hacer un gran panal y tejer entre todas sororidad, empatía y valores, que es lo que nos hace falta en medio de tanto odio y violencia.
