A cien años de la instauración del voto femenino en Ecuador, vale recordar que el 11 de febrero de 1997 el país fue testigo de uno de los actos más perversos en el campo de la violencia política contra las mujeres.
A la entonces vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga, se le impidió asumir el cargo de Presidenta, luego de que Abdalá Bucaram fuera destituido como jefe de Estado.
Coludidos entre sí, los miembros del Congreso invistieron a Fabián Alarcón como presidente interino, creando una figura que no existía en la Constitución —la del interinazgo—, e ignorando el criterio de sucesión que debía otorgar a Rosalía Arteaga el bastón de mando.
Nada hacía vislumbrar que aquello sucedería. Sin embargo, había un elemento que explicaba tal leguleyada: Rosalía Arteaga era/es mujer.
Y ser mujer y formar parte del ecosistema político no era un asunto baladí en esa época —tampoco ahora lo es—, pese a que la conspicua e infatigable Matilde Hidalgo de Procel bregó con denuedo durante toda su vida para que el voto femenino en Ecuador, sea parte de nuestros derechos.
Enmienda: “varones” por “personas”
La posibilidad del voto femenino desató el temor de la mayoría de los hombres frente a la inminente participación de las mujeres en la política ecuatoriana, y abocó a sus líderes a modificar la Constitución del Ecuador, que no decía nada antes de 1884 respecto al género de quienes podían gozar de los derechos de ciudadanía.
Fue así que ese año la palabra «personas» fue sustituida por «varones», lo que supuso un candado a cualquier interpretación que pudiera permitir la intervención de las mujeres en alguna elección.
“Gozarán de los derechos de ciudadanía sólo ‘los varones’ que supieran leer y escribir y hubieran cumplido los 21 años o fueran o hubieren sido casados”, quedó establecido en la Carta Magna, luego de la reforma.
¿Qué argumentos expusieron para cambiar la Constitución? Que las mujeres «no estaban preparadas para ejercer el voto», que «podían ser fácilmente influenciables», que «no debían mezclarse en la política», que «el hogar perdería su rumbo y se corrompería», que «permitir a las mujeres votar equivaldría a invitar a votar al clero…”.
Trece años más tarde, en la Constitución de 1897, elaborada por una Asamblea de mayoría liberal, toda referencia al género en relación con el acceso a los derechos de ciudadanía fue retirada.
Matilde Hidalgo se amparó en esta Constitución para exigir su derecho al voto.
El voto femenino en Ecuador: Matilde Hidalgo, la pionera
Nacida en Loja el 29 de septiembre de 1889, Matilde Hidalgo de Procel fue una mujer que se habituó desde niña al ríspido terreno de las luchas.
En contra de profecías, normas y costumbres, logró ingresar al colegio y a la universidad, dos hazañas sin parangón considerando que antes de ella ninguna mujer en Ecuador había roto el macizo techo de la primaria, y que tanto la secundaria como los estudios superiores estaban reservados para los hombres.
En definitiva, su alma no cabía en la parcela en donde había nacido, de ahí que fuera una impetuosa trashumante.
Consiguió su bachillerato en Loja; su licenciatura en Cuenca; su doctorado en Quito; su especialidad en Buenos Aires, y su primer trabajo como médica en Guayaquil.
Su siguiente reto era votar: intentó empadronarse, pero no se lo permitieron, por eso el día en que fue a sufragar llevó consigo la Constitución.
La palabra «imposible» no era parte de su caudal lexicográfico, en consecuencia, el 10 de mayo de 1924 se convirtió en la primera mujer ecuatoriana y latinoamericana en votar en una elección nacional, rompiendo con las barreras de la desigualdad y allanando el camino para que el 9 de junio del mismo año —hoy hace un siglo— el Consejo de Estado emitiera un informe que habilitaba a las ecuatorianas a gozar de los derechos de ciudadanía.
Los detractores del voto femenino empezaron entonces a multiplicarse como hormigas. Ante esa tesitura, los liberales decidieron garantizar en la Carta Magna de 1929 los derechos de ciudadanía de las mujeres con el siguiente texto: es ciudadano «todo ecuatoriano, hombre y mujer, mayor de 21 años, que sepa leer y escribir».
En los meses siguientes, los partidos políticos hicieron campaña para promover la inscripción de las mujeres en los registros electorales.
Camino abierto al voto femenino
Siete meses después de que Matilde Hidalgo votara por primera vez, una mujer fue elegida concejala suplente por el Concejo Municipal de Guayaquil.
La Revolución Juliana, no obstante, cesó los concejos municipales elegidos, lo que impidió a la concejala electa ejercer su cargo.
En 1925, un año después, la educadora guayaquileña Amarilis Fuentes fue designada concejala de Guayaquil. Tal designación convirtió a Fuentes en la primera mujer ecuatoriana en ocupar una concejalía.
Luego, Matilde Hidalgo y Bertha Valverde son elegidas concejales —en 1930— de Machala y Guayaquil, en su orden.
En 1941, Hidalgo participa en las elecciones de diputados por la provincia de Loja y se convierte en la primera mujer en alcanzar tal dignidad en una elección popular.
En estas elecciones, 9.600 mujeres fueron empadronadas en la Sierra y 2.455 en la Costa. Dos años más tarde, la cifra total de mujeres inscritas se había elevado a 24.610, lo que representaba un 12% del electorado.
Desde 1967 el voto es obligatorio en Ecuador, tanto para hombres como para mujeres, lo que supuso el incremento de la participación femenina en espacios formales de elección.
En cuanto a la participación en los procesos electorales, destacan menores niveles de ausentismo en las mujeres.
En relación con los binomios presidenciales, la obligatoriedad de la paridad (50/50) de hombres y mujeres está en vigencia desde el 2020, cuando entraron una serie de reformas al Código de la Democracia.
Candidatas a presidencia y vicepresidencia
Hasta el momento, ocho mujeres han sido candidatas a la presidencia de la República del Ecuador: Rosalía Arteaga, María Eugenia Lima (1998); Ivonne Baki (2002); Cynthia Viteri (2006 y 2017); Martha Roldós, Melba Jácome (2009), Ximena Peña (2021), y Luisa González (2024).
Y treinta y cinco a la vicepresidencia: Teresa Minuche (1988); Zoila Laad (1992); Rosalía Arteaga (1996); Rosana Vinueza (1996); Eva García, Gloria Gallardo y María Padilla (2002); Lida Moreno, Susy Mendoza, Jeannette Benavides y María Pareja (2006); Annabella Azín (2009 y 2013); Pearl Boyes, Denny Cevallos, Marcia Caicedo, Inés Manzano y Ángela Mendoza (2013); Doris Quiroz y María Bustamante (2017), Martha Villafuerte, Sofía Merino, Narda Ortiz Roa, María Sara Jijón, Virna Cedeño, Katherine Mata, Alexandra Peralta, Verónica Sevilla y Ana María Pesantes (2021), Linda Romero, Andrea González, Érika Paredes, Diana Jácome, Nory Pinela, Luz Marina Vega y Verónica Abad (2024).
“Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”, dice la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Hoy, sin embargo, observamos con preocupación cómo el presidente de la República, Daniel Noboa, degrada y desconoce a la vicepresidenta electa Verónica Abad —aunque muchas mujeres no comulguemos con algunas de sus ideas—, repitiendo el patrón de quienes, hace 27 años, deslegitimaron y pisotearon el cargo y la dignidad de la exvicepresidenta Rosalía Arteaga.
En otras palabras, las dos únicas ecuatorianas que han logrado llegar a la Vicepresidencia de la República del Ecuador —el cargo de representación más alto al que ha llegado una mujer en una elección popular— han sido desplazadas.
Es que la violencia política no es una circunstancia sino un hecho cotidiano que impide el acceso y la permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones, que además va más allá del derecho al voto femenino.
Esta realidad debe constreñirnos a concluir que en Ecuador, en el campo de la política, hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado poco, a pesar del gran impulso que la monumental Matilde Hidalgo de Procel nos regaló hace 100 años.
