Durante los meses de abril y marzo de 2023, una subteniente y una conscripta denunciaron ante la Fiscalía del Azuay presuntos actos de violencia sexual suscitados en la Tercera División del Ejército “Tarqui” en Cuenca.
Estas denuncias han causado alarma en la opinión pública debido a la gravedad de las acusaciones. Al momento se encuentran en etapa de investigación previa. Como consecuencia de estas denuncias se presume, además, que en este destacamento opera una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
El testimonio de una de las víctimas se ha hecho público en redes sociales y su relato es escalofriante. En dos ocasiones fue drogada y posteriormente violada por varios miembros de la institución militar. Estos abusos dejaron graves secuelas en su cuerpo como hemorragias e incluso, la pérdida de movilidad de una de sus piernas por una herida en la ingle.
Las dos mujeres que pusieron sus denuncias en Fiscalía se enfrentan a patrones culturales arraigados y a una estructura vertical, arcaica, racista y machista. Además son el blanco del conocido “espíritu de cuerpo” de las instituciones militares que buscan garantizar su prestigio, por encima del derecho de las víctimas a recibir justicia.
Denunciar casos de agresión sexual ocurridos en las filas del Ejército Nacional no es tarea fácil. Quienes lo hacen tienen temor a sufrir represalias o a que sus testimonios sean desvalorizados o minimizados.
En este caso, el espíritu de cuerpo se plasma, dolorosamente, en la decisión adoptada por el Tribunal Disciplinario de esta institución, órgano competente para sancionar las faltas del personal de las Fuerzas Armadas. Este tribunal, de forma vergonzosa, a pesar de las pruebas aportadas al proceso y los testimonios de las víctimas, ratificó el estado de inocencia administrativa de los militares imputados por estos hechos execrables.
Un problema estructural
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a lo largo de su historia, han estado involucradas en casos de graves violaciones a los derechos humanos. De ello dio cuenta la Comisión de la Verdad en el “Informe Ecuador 2010 Sin Verdad No Hay Justicia”. En él detalla casos relacionados con desapariciones forzadas, atentados contra el derecho a la vida y ejecuciones extrajudiciales en los que miembros del Ejército Nacional tuvieron algún grado de responsabilidad.
Un caso conocido que conmocionó a la opinión pública fue el de Michael Arce, joven afroecuatoriano, quien ingresó a la Escuela Superior Militar en el 2011. Desde su ingreso fue víctima de tratos crueles y degradantes que lo obligaron a pedir la baja voluntaria. Por este caso, el Ejército fue obligado a pedir disculpas luego de una emblemática sentencia por delito de odio racial, la primera en el Ecuador.
Quienes ingresan a las filas de Ejército se enfrentan a una concepción autoritaria del poder que desconoce sus derechos. Por ello, los cambios deben propiciarse de forma urgente. Ya no es suficiente trabajar, únicamente, en capacitar al personal en materia de derechos humanos o prevención de violencia de género. Se deben tomar acciones profundas encaminadas a poner fin a estos esquemas y prácticas.
Hoy, más que nunca, la justicia debe cumplir un papel determinante para desmontar estas prácticas y evitar a toda costa la impunidad.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el Ejército Nacional, así como el principio de no discriminación y aplicar protocolos de respuesta y atención en casos de violencia sexual y establecer severas sanciones para quienes incumplan.
Es necesario promover reformas legales a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, al Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y al Reglamento de Disciplina Militar, encaminadas a sancionar de forma efectiva a quienes incurran en cualquier acto de agresión sexual.
También se requiere del protagonismo y participación de las organizaciones sociales y la sociedad en general a fin de exigir al Ministro de Defensa y al Alto Mando verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Está claro que al interior del Ejército ecuatoriano las mujeres se enfrentan a un patrón discriminatorio instalado en la jerarquía de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que además de violentarlas, jamás permitirá su ascenso a espacios de decisión, pues en su estructura no solo existe un techo de cristal, sino uno de concreto. ¡Esta realidad tiene que cambiar!