La llamaré Britany, por ponerle un nombre, a quien ya ha sido señalada, acusada, lapidada por todos.

Los usuarios de redes sociales ya la sentenciaron.

Los medios de comunicación hicieron público su caso, sin pensar que es una adolescente; y que quien tuvo relaciones sexuales con ella, a sus 14 años, cometía el delito de violación. Nada de eso tomaron en cuenta, solo publicaron desde el amarillismo.

Era una adolescente de la que nadie supo que estaba embarazada: ni sus padres, ni sus profesores. Nadie. Por lo tanto, nunca visitó un ginecólogo, o un obstetra. 

Todo fue en silencio. Tal vez alguna amiga sí conocía que un crío venía en camino. Pero era el secreto mejor guardado. Tan reservado que su alumbramiento fue escondido en el baño de un colegio, sin ninguna contención, ni cuidados básicos de salud, de alimentación. 

Es evidente que no amaba al niño que venía en camino, que sus hormonas la habían traicionado, que pudo ocurrir una demencia posparto, esa que puede devenir en un infanticidio. 

Al final todo quedó en una noticia de crónica roja que alimente el morbo social, buscando una cabeza de turco para juzgar a la “mala madre”, a la “asesina de su hijo” exhibiendo públicamente los hechos, sin humanidad, sin contrastación, sin la mínima comprensión. 

En lo personal, varias preguntas rondan mi cabeza.

¿Cuáles son las condiciones del entorno de Britany? ¿Qué vivencias hostiles provocaron que actué con violencia y minaron su confianza, al grado de no confiar a nadie su embarazo?

Es posible que sus actos hayan sido una recreación de la violencia en la que viven muchas familias, y de la que son parte y víctimas los niños, niñas y adolescentes.

En ausencia de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, los hijos vienen a esta vida en condiciones de precariedad y limitación.

Buena parte de las familias ecuatorianas apenas pueden subsistir (según los últimos datos del INEC, la pobreza y pobreza extrema llegan en Ecuador al 37,8%), menos van a preocuparse de enseñar sobre sexualidad responsable a sus hijos e hijas. Eso lo aprenden desde la pornografía, desde los celulares, desde los actuales modelos de narcocultura, propios de un narcoestado.

¿Para qué sirven los psicólogos, médicos, trabajadores sociales, maestros, en los centros educativos, si no tienen ni la más remota idea de lo que sucede con sus estudiantes? Es posible que el número de alumnos existente en los planteles educativos públicos, impida que conozcan la situación en que se desarrollan todos ellos.

Pero además, existe una formación profesional llevada al límite de lo estrictamente necesario. Su accionar es, por lo general, burocrático: su tiempo se ocupa en llenar formatos, registros, y cumplir con lo que ordene el superior. Por si fuera poco, está la desmotivación por el sueldo que ganan y el cansancio provocado por ejecutar requerimientos absurdos: incluso, en sus hogares, los maestros y psicólogos siguen llenando formatos y documentos.

Entonces, ¿de qué les serviría involucrarse en problemas y ocupaciones adicionales?

¿Para qué preocuparse de lo que sucede con los alumnos? Ellos, en realidad, son la razón de ser de una institución educativa.

Así, ¿con qué tiempo y energía iban a fijarse en Britany y no dejarla en el abandono durante su embarazo y parto?

Por si esto fuera poco, cuando se conoció el caso, la intervención de los profesores y de la policía no guardó la más mínima aplicación de protocolos de derechos de los adolescentes, de género y de guardar reserva.

El tratamiento que se le dio a Britany no distaba de aquel que dan a los más contumaces delincuentes.

Hacer público el caso en los medios de comunicación donde prima el amarillismo, el morbo, el prejuicio de lo que “debe ser una buena madre”, devino en la lapidación virtual de Britany.

Ignoraron las palabras que Virginia Gómez de la Torre ha pronunciado desde su fundación Desafío: las adolescentes y niñas que paren, “son niñas, no madres”.  

Los provida vieron en Britany la oportunidad perfecta para darse golpes de pecho, juzgando desde sus límites y perfección.

Imagino cómo continuarán vetando el aborto por violación y la implementación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

Britany nos recuerda que el Código de la Niñez y Adolescencia, la Constitución, los tratados internacionales de derechos de los niños, niñas y adolescentes, son letra muerta. Meros enunciados judiciales y material para pomposos discursos y lujosos cócteles.

Sin políticas estatales, sin presupuesto, sin adecuada salud sexual y reproductiva, el Estado y la sociedad parirán más Britanys, más niños delincuentes, más soldados para las organizaciones criminales, como respuesta a sus necesidades de sobrevivencia.

Mis fuentes me confirmaron que Fiscalía ha asumido la investigación del caso de Britany desde una nueva perspectiva, tanto de género como de derechos, cuidando la situación de vulnerabilidad de la adolescente.

Espero que así sea, que al menos la justicia, ¡le brinde una esperanza a Britany!