Cuando fue inaugurado, en 1981, sus mentalizadores y responsables tuvieron motivos suficientes para sentirse orgullosos. No solo se trataba del edificio más alto del país —con 27 plantas más una terraza, desde la cual la ciudad se podía ver de un solo vistazo—, sino también de la oportunidad de congregar a cientos de profesionales del Derecho que andaban buscando un sitio idóneo allende a la ex-Corte de Justicia. Tal era su magnitud, tal su necesidad.

Las expectativas se cumplieron con creces y la gran mole, cuya construcción se inició en 1975 gracias a la apuesta de la Inmobiliaria Centenario, representada por el ingeniero Salem Dibo, cobró una dinámica pocas veces vista. En palabras de Sergio Sánchez, su portero más antiguo —36 años sin interrupción de los 62 que tiene—, la cercanía del recinto judicial hizo que El Fórum recibiera a miles de personas a diario, que iban en busca de un abogado.

“Solo el abogado Jaime Toral atendía a cerca de 500 personas al día en su oficina del piso 21. Imagínese contando los demás… Claro, es que el abogado no cobraba por sus servicios a los pobres y hasta les daba canasta en Navidad”, señala Sánchez con un gesto de nostalgia que no puede disimular.

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El edificio, que también era propiedad de Mutualista Previsión y Seguridad, mantuvo su agitado trajín hasta que, durante el gobierno de Rafael Correa, se crearon los complejos judiciales de Valdivia, en el sur, y la Florida, en el norte, lo que ocasionó que el antiguo Palacio de Justicia disminuyera sus actividades. Con esto, los abogados de El Fórum perdieron su clientela casi fija de todos los días. Debido a esta situación, las oficinas del edificio —486 en total, 16 por cada uno de los 27 pisos— comenzaron a desocuparse en forma precipitada.

Actualmente, el dueño mayoritario del edificio es la Inmobiliaria Centenario, su constructora; el resto pertenece a personas particulares, especialmente abogados. La Mutualista Previsión y Seguridad, luego de su disolución en 1998, cuando pasó a manos de la AGD (Agencia de Garantías de Depósitos), vendió la parte que le correspondía.

Una breve inspección del panel informativo que se halla a la entrada del edificio permite apreciar que la soledad se quedó allí a vivir a sus anchas y no tiene ganas de irse.

Alberto Gálvez —alguna vez inspector de Trabajo, especialista en temas laborales y requerido sobre todo por obreros despedidos intempestivamente— es uno de los pocos abogados que sobrevive a la diáspora de juristas. Está acalorado porque los ascensores no están funcionando y debe subir hasta el piso 10: 

“El tiempo bueno se acabó. Yo vengo todos los días por si algo pudiera salir”, dice.

Venta de caramelos, mascarillas y… cuerpo

La desocupación de las oficinas creó otra situación: como no se les podía sacar provecho profesional, muchos abogados optaron por venderlas o alquilarlas como residencia, la mayoría, a un costo de 150 dólares mensuales, más 22 dólares de la alícuota —cobrada por un administrador general elegido por los condóminos— por diferentes servicios, especialmente guardianía. 

Desde el piso 14 al 19, casi la totalidad de los departamentos están ocupados por familias venezolanas, llegadas masivamente tras la crisis económica de su país. Algunas, como Rita del Socorro Moscardelli, han instalado pequeños negocios con venta de colas, bolos —tetas les llama ella— y otras golosinas.

“Yo apenas tengo aquí un año, pero los que están al frente sé que llevan mucho más tiempo”, dice la venezolana, mientras despacha dos fundas de snacks a una niña que no para de pedir que la atiendan, como si se tratara de una emergencia de vida o muerte.

Otros trabajan en los mismos bajos del edificio, ya vendiendo caramelos, vendiendo mascarillas y —según dice Rita en voz baja— hasta vendiendo su cuerpo al mejor postor, hombres y mujeres. La evidencia de que hay más vecinos se puede apreciar por el murmullo de voces detrás de puertas fuertemente enrejadas, que no tienen nada que ver con alegatos, demandas o contrademandas, sino más bien con temas tales como “coño, pásale el tetero al niño”.

Catalina Vergara es una chilena que vive desde hace 10 años en el piso 27, cuando su esposo compró un departamento a la familia Verninmen-Torres. No termina de acostumbrarse al edificio y, peor, a sus vecinos.

“Esta gente es de mal vivir, venden y consumen droga, y nadie los denuncia. Pero no solo eso: son puercos, de verdad, porque hasta se orinan por las escaleras. No sé en qué pensó mi difunto esposo cuando compró aquí. Bien estábamos en Quito”, dice mientras desciende por las escaleras —18 escalones por piso— tratando de verle el lado bueno a la paralización de los ascensores:

“Como soy diabética, me hace bien caminar, aunque esto de los ascensores es por esos irresponsables que no pagan las alícuotas, por eso es que los paran”.

Un uso macabro

Este edificio de la calle Vélez entre Seis de Marzo y Pedro Moncayo, que ha congregado a cientos de inquilinos, también ha presentado sucesos que lamentar. El año 1993 marcó el inicio de estos hechos: Genaro de la A, herido en su alma por el abandono de su mujer, subió hasta la antena con su hijo de 10 meses en brazos y desde ahí intentó lanzarse para olvidar la deshonra que había sufrido. Aunque no logró su objetivo, dejó abierto el camino para otros suicidas. En el año 2002, una decepción amorosa llevó a una mujer de 26 años a lanzarse del piso 19 y acabar con su vida a ras de suelo. Seis años después, otra mujer, supuestamente alcoholizada, cayó por las escaleras desde el piso 18. Murió.

Otra tragedia sucedida en El Fórum fue la que sufrió Kevin Benavides Ruiz, un niño de solo seis años que murió cuando un vidrio se desprendió de una de las ventanas del sexto piso.

Cuenta Sergio Sánchez, el portero, que el único crimen que se ha cometido en el edificio fue el de un doctor, cuyo nombre no pudo recordar, al cual estrangularon con una media unos supuestos empleados de una telefónica. El último suceso trágico se dio en el 2014, cuando un señor de 72 años se asomó a ver si venía el ascensor. En esa época aún funcionaban: eran de esos antiguos parecidos a una canasta metálica halada por cadenas. El hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío sin ninguna posibilidad de reponerse.

Sánchez, próximo ya a jubilarse, lo recuerda todo, o casi todo. Y aunque estas historias perturban su memoria hay otras que le son gratas, como cuando, en calidad de ascensorista, le tocó subir a cuatro exmandatarios de la República: Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa.

Sergio Sánchez termina sus confesiones. Aquejado por los recuerdos, se retrae en el silencio y echa un vistazo al lóbrego edificio de cuyo nombre muchos guayaquileños no quieren ni acordarse.