Mientras esperaba en la larga fila para ser atendida en una de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que existen en la provincia de Pichincha —que entre las denuncias que atienden, están las de violencia de género—, tenía frente a mí a doce personas en espera. 

Mi cálculo era que, habiendo solo dos funcionarios en las ventanillas, me atenderían en, al menos, una hora. O tal vez, un poco más.  

El caso por el que estaba en el lugar era régimen de visitas. En apariencia, un caso que no presentaba mayores complicaciones.

Sin embargo, quien solicitaba las visitas era un padre con serios problemas de manejo de la ira (cometió actos de violencia en contra de su pareja). Pese a esto, quería ver a sus hijos cuando ni siquiera cumple con su responsabilidad de pasarles alimentos.  

El temor de mi defendida era que este agresor aplicara la violencia vicaria (una forma de violencia de género por la cual los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres) para vengarse de ella porque lo mantiene alejado de sus hijos, debido a sus antecedentes violentos, con medidas de amparo.  

Cuando luego de una hora y media de espera llegó mi turno, me preguntaron si yo era la abogada, pues solo el abogado o la interesada pueden solicitar información. Luego me indicaron que el expediente estaba arriba y que no lo podían bajar, que había despachos antes que mi caso, que volviera cuando estuviera despachado. 

En siete ocasiones escuché la misma letanía, y en cada una de estas, el tiempo promedio de espera fue de una hora y media.

Comencé a hacer números, tomando en cuenta que para nosotros, los abogados, estas esperas infructuosas se cobran a nuestros clientes, a través de honorarios.

Pero, cuánto cuestan esas horas de espera a una madre desesperada por tener una respuesta en el juicio de alimentos, o en la contravención de violencia O, como en este caso, en una causa de determinación de visitas

Hagamos un cálculo ad hoc: si el salario básico unificado está en 460 dólares mensuales, el valor de cada hora de trabajo corresponde a 2,87 dólares. Si este valor lo multiplicamos por las 14 horas que se emplearon en la espera, el total es de  40,18 dólares. Esto, sin contar con el costo del traslado al Juzgado de Familia y sin tomar en cuenta que, en algunas ocasiones, las madres acuden con sus hijos, porque no tienen quién los cuide. 

De hecho, un documento científico denominado “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador” estimó que “59 de cada 100 mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas, lo que a Ecuador le ocasiona un costo aproximado de 4.608 millones de dólares americanos al año, el equivalente al 4,28% de su Producto Interno Bruto (PIB). De los costos-país de la violencia contra la mujer, el 49,9% serían asumidos por las propias mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos, el 38,8% serían por las empresas medianas y grandes, y el 11,3%, por el Estado”.

¿Qué diré de los casos de violencia física? La víctima, en la mayoría de los casos, depende económicamente de su agresor y debe trasladarse a las dependencias de la Fiscalía de Flagrancia para realizarse el reconocimiento médico-legal, presentar la denuncia, dar su versión o rendir su testimonio. Peor si la agresión ocurrió en horas de la noche.  

En muchas ocasiones, las víctimas llegan a la Fiscalía de Flagrancia en el patrullero que tomó el procedimiento y se someten a la espera de varias horas, hasta cumplir con todas las diligencias. 

Al finalizar este trámite, se ven abocadas a regresar a sus casas en la madrugada, muchas veces con sus hijos, y deben decidir entre pagar un taxi, o la comida del día. Eso puede resultar en un costo de 20  a 30 dólares. Entonces, prefieren esperar en un rincón de las dependencias judiciales hasta que amanezca para regresar a sus domicilios en autobús.

Luego, serán llamadas durante la investigación para cumplir las diligencias que se ordenen y que pueden tener una duración desde una hora (como una versión) hasta varias horas, o todo el día cuando se trata de una reconstrucción de los hechos.  

Si al menos tienen un empleo fijo, deberán pedir permiso con cargo a sus vacaciones o con descuento de sus horas de trabajo.  

Estos son los costos para una sola víctima de violencia de género, pero si los multiplicamos por el número de causas existentes en los juzgados, se calculan en 4.608 millones de dólares al año.  

La organización GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme- narbeit) publicó un dato preocupante: en Ecuador, la violencia de género representa un costo de USD 1.786 millones para las empresas, lo que equivale al 1.65% del PIB nacional.

“Sus efectos se manifiestan en la pérdida de ingresos y oportunidades laborales, los costos de atención médica y terapia, la disminución de la productividad laboral y los gastos legales y de seguridad, entre otros” .

Esta cifra nos otorga una perspectiva desde la realidad empresarial. Sin embargo, cuál es el costo de la violencia para las víctimas? Según el documento científico mencionado, el 49,9% sería asumido por las propias mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos. 

A los gastos en honorarios de abogados —aun en los casos de tener un defensor público— hay que sumar el tiempo que esperan las víctimas hasta que el Estado les asigne uno, el costo del traslado, el de la defensa, de estar pendiente, de intervenir en su causa.

Todos estos detalles hacen que este proceso sea absolutamente revictimizante. Y, sobre todo, costoso, dolorosamente costoso para cualquier mujer. Peor aún si ha sido víctima de violencia sexual. 

¿Y qué decir de los hijos y familiares de las víctimas de femicidios? El costo de manutención de estos niños rompe completamente todo proyecto de vida.

Nuevamente, vuelvo a la larga fila de espera en las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y me pregunto: ¿No sería menos costoso que el Estado invirtiera en políticas de prevención de la violencia de género, políticas públicas en educación, salud sexual y reproductiva, que tendrían un gran efecto, incluso en la seguridad?  

La realidad es que el país gasta en las consecuencias del enquistamiento de la violencia de género en la sociedad. 

¿Cuánto se ahorrarían el Estado, las mujeres y la sociedad si este lastre no existiera?

¿Cuánto ganaría nuestro país, con una vida libre de violencia hacia la mujer?