Escribo desde la indignación, desde la rabia más profunda. Es una certeza: mataron a Los Cuatro de Guayaquil.

Escucho el llanto de sus padres, me pongo en sus zapatos. Soy madre, y esto duele demasiado. Me traspasa.

Me viene un déjà vu. Quienes vamos por el sexto piso (60 años), en la década de 1990, vivimos y sentimos el miedo a la persecución y represión sistemática del gobierno autoritario de León Febres Cordero. Bajo su mandato se crearon unidades especializadas de Fuerzas Armadas y Policía. ¿El objetivo? Eliminar al «enemigo interno». En ese tiempo, eran los grupos de izquierda, sindicalistas, escritores, artistas, entre otros. 

¿En qué se asemeja el caso de Los Hermanos Restrepo al caso de Los Cuatro de Guayaquil? A continuación lo explico:

1. En ambos casos participaron miembros del Estado, de la Fuerza Pública. En el de Los Hermanos Restrepo fue la Policía, con el desaparecido SIC (Servicio de Investigación Criminal). En tanto que, en el de Los Cuatro de Guayaquil, intervinieron miembros del Ejército.
2. Tanto en el Caso Restrepo como en el de Los Cuatro de Guayaquil, existió y existe —respectivamente—,  la negativa de las fuerzas públicas de haberlos llevado y desaparecido. Así, recordemos que en el Caso Restrepo, no solo que la Policía negó que los detuvieron e ingresaron a los calabozos del SIC; sino que además, no existió el respectivo registro ni documentación. Se mantuvo a la familia engañada por meses para que no proteste (gracias a la subteniente Doris Morán y otros oficiales), dándole falsas esperanzas. Hasta que se conoció la verdad de los hechos; y nunca se encontraron los cuerpos de los niños.
3. En el caso de Los Cuatro de Guayaquil no existe un registro de detención legalizado. Se habla de un supuesto robo del cual no hay ninguna denuncia, ni verbal ni escrita. Los militares no cumplieron con el procedimiento. Esto es, entregar los niños a la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes). Dicen que los liberaron sanos y salvos. Dicen, también, que no estaban desnudos; y por último hay una versión de que «se los llevó la mafia». 
4. En los dos casos se privó de la libertad a los niños en contra de su voluntad.

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Todos estos elementos son constitutivos del delito de Desaparición Forzada que actualmente se encuentra tipificado en el Artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal. 

Técnicamente, no podemos hablar de una ejecución extrajudicial. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los actores directos y personales de la muerte de los niños.

Tampoco constituye un delito de Lesa Humanidad, porque los elementos del tipo son otros.

Lo que tenemos aquí es una Grave Violación de Derechos Humanos. 

Volvamos al Caso Restrepo. La Policía de aquella época se encargó de regar el bulo de que sus padres estaban relacionados con el narcotráfico y la guerrilla, por su nacionalidad colombiana. Esto se publicó en los periódicos y noticieros de la época. En tanto que, a Los Cuatro de Guayaquil, se les ha iniciado una campaña en redes sociales señalando su relación con el crimen organizado. Así, aparecieron —y siguen apareciendo— fotos trucadas en la que los niños asesinados portan armas.

Los Cuatro de Guayaquil y el estereotipo imperante en las Fuerzas Armadas

Es notorio y evidente que en las Fuerzas Armadas existe un prejuicio sobre el estereotipo afroecuatoriano.

¿A quiénes se llevaron los militares el 8 de diciembre del 2024? En el video que se logró recuperar, ¡se observa que se llevaron a niños, a niños negros, a niños pobres, de un barrio pobre! Los Cuatro de Guayaquil no eran de Samborondón. 

Fue una detención racializada: los militares detuvieron a niños que consideran parte de la delincuencia (para ellos, no eran seres vulnerables con derechos); y, además, eran habitantes de zonas empobrecidas, de un barrio gueto. Porque esa es la concepción que prevalece en su imaginario, en su prejuicio. 

 Los militares están preparados para la guerra, formados para matar al enemigo. Su capacitación no es para investigar, para cumplir leyes o Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La guerra es la guerra y en ella no hay ley. 

Cuando en las Fuerzas Armadas se imparte formación en Derechos Humanos, sus miembros ya tienen grabada una verdad institucional: la de «sabia superioridad”.

De allí que, la declaratoria de Guerra Interna y la participación de los militares en ella, tiene como consecuencia que se violente el derecho a la libertad, a la vida, entre otros derechos fundamentales:

“De enero a julio del 2024, existen 145 causas por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, Fiscalía abrió 12 investigaciones previas por ejecución extrajudicial” (…) «y hay otras seis denuncias por presuntas desapariciones forzadas en Los Ríos, en el marco del trabajo militar por el Conflicto Armado Interno».

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Una vez que se encontraron las osamentas incineradas y se determinó que fueron miembros del Ejército quienes se los llevaron, empezaron a difundirse videos en redes sociales para lavar la cara a las gloriosas Fuerzas Armadas y resaltar sus bondades, su valentía y espíritu de entrega y sacrificio.  A la vez, ocurrieron hechos que parecen coincidencias. Pero no lo son:

1. Cuando públicamente, distintas organizaciones de la sociedad civil, empezaron a exigir el regreso de Los Cuatro de Guayaquil, ¡qué casualidad: se produce un ataque al edificio en construcción del Centro de Detención de Santa Elena, adjudicado a grupos de delincuencia organizada vestidos de militares! Como decimos los abogados, «¿Coincidencia, o destino?» Yo no creo en coincidencias. Lo que se intenta, es implantar en la colectividad un mensaje subliminal: que los delincuentes usan los uniformes militares. Por lo tanto, estos delincuentes son los que se llevaron a Los Cuatro de Guayaquil. Sin embargo, cada vez que intentaban justificar en los medios la “detención” de los menores, se hundían más. Pues, si se los detuvo en flagrancia, como lo mencionó el Comandante de la Fuerza Aérea, ¿por qué no se los entregó en la Unidad de Fiscalía respectiva? Y, si por pedido de un ciudadano se los detuvo, ¿por qué no se emitió el parte correspondiente? Estas y otras interrogantes no han podido solventar las autoridades militares y el Ministro de Defensa. Pero sobre todo, y lo que es más grave, no pudieron justificar la ausencia de los niños. ¡Hoy conocemos que ellos se los llevaron y que los mataron!
2. Primero se anunció que los exámenes de ADN para reconocimiento de las osamentas encontradas durarían cuarenta días. Midieron los tiempos electorales, y ¡oh sorpresa: cuando se les adelantó un medio de comunicación en publicar que los resultados de dichos exámenes arrojaban que los restos encontrados pertenecían a Los Cuatro de Guayaquil, tuvieron que reconocer que la pruebas de ADN determinaron que sí correspondían a los niños desaparecidos! Lo interesante es que esta noticia la hicieron pública justo el 31 de diciembre del 2024, cuando todas las personas estaban pensando en las festividades de fin de año, y en cómo solventar el feriado. Entonces no es coincidencia. Es una forma de enfriar el debate público. Es una forma de hacer que la ciudadanía se olvide de tan atroz crimen y que deje de exigir y presionar por justicia.

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Se ha ordenado la prisión preventiva de los 16 militares que se llevaron a los niños. La investigación continúa y no sabemos en qué terminará.

Al menos, yo, no confío en la Justicia ecuatoriana. Porque todo puede suceder con las Fuerzas Armadas. Ya lo vimos en el proceso de Aidita Ati. Igual sucedió con el Caso Restrepo. 

Por ello es importante que la desaparición y asesinato de Los Cuatro de Guayaquil se investigue con la participación de peritos internacionales, que tengan perspectiva de Derechos Humanos y bajo estándares internacionales, para que se cumpla con la obligación estatal de entregar Verdad, Justicia y Reparación a las familias de los niños y a la sociedad. 

Me quedo con varias interrogantes:

¿Quién ordenó que se lleven a los niños?

¿Qué directrices y órdenes superiores se les da a los militares, sobre sus actuaciones, en casos similares?

Los militares, ¿se llevaron a los niños bajo su propia decisión? ¿O cumplieron consignas de mandos superiores? De ser así, ¿quiénes, como mandos superiores, comparten responsabilidades? 

Viéndolo así, queda mucho por investigar.

Es mi deseo ferviente (y de la mayoría de ecuatorianos) que este crimen de Estado no quede en la impunidad. Que no prevalezca el espíritu de cuerpo.

Y que el dolor ajeno, como sociedad, no nos sea indiferente. 

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