El hilo conductor del diálogo no podía ser otro que los casos emblemáticos de las hermanas Mirabal y las algodoneras de México, dos episodios trágicos que marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el femicidio.
Bajo el influjo de ambos paradigmáticos casos, dos temas dominaron el encuentro entre la doctora Gina Gómez De la Torre y la abogada Annabell Guerrero Pita: la incidencia del crimen organizado en la violencia contra la mujer, y la inadecuada tipificación de los casos de femicidio en la justicia ecuatoriana, lo que ha derivado en un tamizaje erróneo y, por consiguiente, en un subregistro que falsea las estadísticas de la manifestación más brutal de la violencia de género.
En ese sentido, la doctora Gómez De la Torre, criminóloga y exfiscal, compartió en el mencionado encuentro estadísticas del Consejo de la Judicatura que son públicas; no obstante, hizo una aclaración: presentan errores.
Desde el 2014 hasta lo que va del 2025 hay un total de 3.522 víctimas de femicidio y muertes violentas.
De esta cifra —aclara— 855 corresponden a casos calificados de femicidio como tal, en la Función Judicial, y 2.667 a mujeres víctimas de otras muertes violentas. Es decir, de todos los casos de asesinato de mujeres, solo un 25% está tipificado como femicidio.
—Esto es grave —reflexiona Gómez De la Torre.
Señala que si se observa la trazabilidad desde el momento en que se difunde la noticia del crimen —ya sea por denuncia o porque se encuentra el cadáver de la víctima—, puede detectarse que para la Fiscalía es mucho más fácil y más barato investigar el caso como un asesinato u homicidio que como un femicidio, ya que basta con tener la autopsia, el cuerpo de la víctima y al autor para simplificar el proceso.
En cambio —aclara—, investigar un femicidio significa salirse de la relación sentimental inequitativa de poder entre víctima y agresor, y probar otros hechos.
—Aquí creen que sólo hay femicidio cuando la víctima fue pareja del agresor y no es así.
Para ilustrar de mejor manera lo que expone, Gómez De la Torre hace alusión al caso de las jóvenes argentinas asesinadas en Montañita —provincia de Santa Elena—, quienes no tenían una relación sentimental con sus agresores y fueron asesinadas porque ellos simplemente las vieron con odio, como un pedazo de carne que podían utilizar.
En opinión de la doctora, allí existe un claro caso de femicidio, por ello sugiere a quienes imparten justicia que estudien el caso Campo Algodonero vs México, cuya sentencia fue dictada considerando el enfoque de género, algo que aún en Ecuador no se logra.
Cada 22 horas es asesinada una mujer en Ecuador
La abogada Annabell Guerrero Pita, exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, ofrece contexto a lo expresado por Gómez De la Torre, señalando que desde las organizaciones de mujeres se considera femicidio a todo secuestro o violencia sexual que termina con el asesinato de una mujer.
Manifiesta además que los transfemicidios tienen que ser investigados con el mismo enfoque del caso de las algodoneras, cuya sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja claro, precisamente, la debida diligencia, con una perspectiva de género.
Estas reflexiones abocan a Guerrero a considerar que es muy difícil conocer las estadísticas reales de femicidio, aunque hace mención a las cifras oficiales de este año: 349 en lo que va del 2025, lo que equivale a que en Ecuador una mujer es asesinada cada 22 horas.
Pocos peritos especializados en violencia de género
Para la doctora Gómez De la Torre, si no se hace una pericia para establecer si hay violencia de género, no puede tipificarse el delito como femicidio, y como hay muy pocos peritos —ya que pocos se califican— las estadísticas de casos de femicidio bajan. Cuando eso sucede, no hay políticas de Estado y el gobierno no se hace responsable.
A su juicio, esto se agrava aún más porque el crimen organizado está utilizando a mujeres y niños como una forma de venganza contra las bandas rivales.
Mujeres como botín del crimen organizado
La abogada Guerrero da contexto a lo que refiere Gómez De la Torre diciendo que de un lado está el narcotráfico y del otro las fuerzas del orden, lo que ha permitido la militarización de lo público.
—En medio de estos dos grupos, que usan armas, hay mujeres, niñas y adolescentes —expresa.
Pone como ejemplo las cárceles del país, cuyo control no está necesariamente en manos del Estado, de ahí que cuando hay matanzas —de forma muy compleja y dura en esos espacios—, se busque a los familiares del asesino, generalmente mujeres y niños, para matarlos en venganza por lo sucedido en las penitenciarías.
—Las mujeres somos un botín en los barrios, porque en esa violencia del crimen organizado hay una conexión entre la ola de criminalidad y la ola femicida. Se concatenan —refiere Guerrero.
1 108 224 boletas de auxilio emitidas del 2018 al 2025
Esta muerte de mujeres es absolutamente femicida, sostiene Gómez De la Torre, y aunque matiza que mueren muchos hombres debido al crimen organizado, la vulnerabilidad de las mujeres queda expuesta.
En su opinión, las estadísticas muestran que se está viviendo una violencia estructural. ¿Y eso qué implica? Que la sociedad está adentrada en un proceso de violencia a tiempo completo, y que el Estado no da respuestas a través de la justicia.
—Tres obligaciones internacionales tiene el Estado: verdad, justicia y reparación. En materia de justicia, una mujer pide al Estado medidas de protección, que puede ser una boleta de auxilio, pero muchas veces la policía no está capacitada ni sensibilizada para estos casos, de manera que difícilmente recoge suficientes elementos probatorios —explica.
Para Gómez De la Torre este problema es sumamente grave porque las boletas de auxilio otorgadas a víctimas de violencia suman 1 108 224, desde 2018 hasta el 2025, lo que implica un trabajo titánico de jueces, equipos técnicos, psicólogos, médicos, y si los investigadores de la Policía —que tienen que ir a donde sea— carecen de sensibilización y no entregan las notificaciones, ponen a la víctima en serio peligro.
El 78% de los femicidios se comete con armas de fuego
La abogada Guerrero entra al terreno de las armas: según un mapeo realizado por la alianza de organizaciones sociales —que hace un trabajo muy importante—, el 78% de los femicidios se comete con arma de fuego.
Por ello se pregunta, ¿cómo puede suceder una cosa así en un país en donde no hay libre porte de armas?
Cuando se pensó en Ecuador en una reforma para el libre porte de armas, las organizaciones de mujeres alzaron la voz para decir que si la ley pasaba, las más afectadas iban a ser las mujeres.
—Vemos que hoy, existiendo esa regulación, somos asesinadas con armas de fuego. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué el Estado no cumple con su papel? —se pregunta.
El mayor negocio del narcotráfico no es la droga, sino las armas
La doctora Gómez De la Torre parafrasea al jurista Ferrajoli (Luigi), doctor italiano experto en Derecho Penal, para responder a la pregunta que se hace Guerrero.
Ferrajoli sostiene que el mayor negocio del narcotráfico no es la droga, sino la guerra, y, por tanto, las armas.
—No hay país en el que no se vendan armas clandestinamente —menciona.
La guerra contra el narcotráfico implica la compra de armas, ya sea por parte del ejército o de las organizaciones criminales. Y allí es donde las mujeres se ven afectadas, señala.
Desmantelamiento del Ministerio de la Mujer
Para Guerrero, hay un tema que es profundamente doloroso y que pone de manifiesto el incumplimiento del papel del Estado como garante de la Constitución, porque no ofrece a las mujeres una vida libre de violencia. La prueba de ello es el desmantelamiento de la institución encargada de la prevención y erradicación de la violencia: el Ministerio de la Mujer.
—Haber fusionado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno implica, precisamente, invisibilizar el trabajo que se tiene que hacer, siendo además en su momento el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos el ente rector del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer —reflexiona.
Además cuestiona el que no exista un presupuesto adecuado, incluso existiendo una normativa que busca la reparación de hijos, hijas y familiares de víctimas de femicidios y muertes violentas.
—En este punto entra el problema de la orfandad de niños, niñas y adolescentes que requieren de políticas públicas para acceder a educación y salud. Es decir, para que la entrega de bonos que establece la ley se cumpla.
Salud sexual y reproductiva, y educación
Gómez De la Torre manifiesta que tuvo la oportunidad de participar en una mesa convocada por las Madres Coraje, un grupo de madres que cuidan a sus nietos porque sus hijas fueron víctimas de femicidio, y que en ese espacio se habló de la falta de celeridad y de la impunidad en los casos.
—Traer de vuelta a un agresor que ha fugado a otro país requiere de la actuación de Interpol y Ameripol. Buscar al agresor, que generalmente huye, es complejo, entonces interviene la policía, trabajo social y el "Ministerio de la Mujer". Muchas de las leyes se hacen sin presupuesto. Y eso es lo complejo, porque si no hay dinero, ¿cómo investigas? ¿Cómo entregas los bonos? ¿Cómo haces para que esa persona en algo resarza su proyecto de vida que ha sido destrozado?
Pero Gómez De la Torre no se queda en el diagnóstico, también sugiere lo que en su opinión ayudaría grandemente a la disminución del crimen y la violencia.
—Si no quieres que haya tanta delincuencia, tienes que ofrecer, primero, salud sexual y reproductiva y, segundo, educación. Si se tiene adecuada salud sexual y reproductiva, los procesos para dar educación son más livianos; lamentablemente esto no se hace y crecen y crecen las poblaciones a las que los organismos económicos internacionales consideran —perdón que lo diga porque es muy crudo— desecho.
¿Qué representa esta población? Votos para los políticos —sostiene—, de ahí que prefieran entregarles una cancha cuando son elecciones, o unas libras de arroz, o un colchón, en vez de ofrecerles educación, y salud sexual y reproductiva.
—En esas condiciones, si no se tiene una respuesta de trabajo digno, y aún teniendo estudios no siempre se tiene una posibilidad de trabajo seguro, ¿hacia dónde mira esa población? Hacia donde está el dinero, y el dinero hoy está en el narcotráfico. Por eso hay tantos adolescentes que van directamente hacia allá y son reclutados por las bandas, aunque sepan que su ciclo de vida puede acortarse. En otras palabras, si no existen políticas sociales ni salud sexual y reproductiva, difícilmente disminuirá la criminalidad en Ecuador.
Operativos sin políticas sociales
Guerrero retoma el tema de la militarización de lo público y conecta esta problemática con el hecho de que las Fuerzas Armadas no están calificadas ni han recibido asesoramiento ni capacitación para tratar con la ciudadanía, lo que ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos.
Grafica su preocupación con el asesinato en Taura de los cuatro niños de Las Malvinas, además menciona que se habla de la existencia de 43 desapariciones forzadas desde 2023, incluso, manifiesta, se rumora que a los militares se les ha impuesto el cumplimiento de cuotas, lo que podría dar paso a la implantación de falsos positivos.
En ese contexto, opina, no basta el punitivismo; es decir, los operativos no son suficientes para salir de este doloroso momento si no son acompañados de políticas sociales.
Identidad de los agresores sexuales sentenciados
Gómez De la Torre considera que el asunto es complejo, por eso precisamente se siente retada, desde su metro cuadrado, a realizar cambios.
—En el SATJE (Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano), que es el sistema donde se consultan los casos judicializados, llenamos los espacios de la matriz escribiendo “secuestro con muerte”, “violación con muerte” para sacar estadísticas de los femicidios, pero en la dirección en donde yo trabajo tenemos a dos personas que se dedican a leer —aunque esté en el SATJE de otra forma— cómo se origina la muerte para definir si es femicidio o no. Y de esos datos sacamos información. Muchas ONG ven las cifras que no están depuradas porque generalmente la violencia, sobre todo la violencia sexual, es privada. Y yo no estoy de acuerdo con que se oculte la identidad de los agresores sexuales sentenciados, al contrario, considero que debemos hacer una lista con sus nombres y enviarla a colegios, centros deportivos y a todo lugar para que puedan estar lejos de cualquier posible víctima. Si vamos a ser abogadas, si vamos a estar en una institución pública, o en cualquier espacio que nos ofrezca el Estado, recordemos a las hermanas Mirabal.
Opinión & Glitter
Así concluye el encuentro Opinión & Glitter, auspiciado por Revista Digital Bagre, entre Gina Gómez De la Torre y Annabell Guerrero Pita, dos mujeres que luchan infatigablemente, desde los espacios donde ejercen su profesión, para proteger los derechos de la mujer
