La pesadilla de Isis Subía se resume en 120 páginas. En un cuaderno cuadriculado, en letra manuscrita, tinta roja, azul y negra, describe cómo el paso lento de la justicia desgarra su intriga ante la falta de respuestas. Isis ya no duerme en paz desde hace cuatro años. Los días, las noches y sus tiempos libres los dedica a pegar volantes por todo Quito, con la esperanza de que los ciudadanos registren en la memoria el rostro de su hermana: tez blanca, frente amplia, nariz ñata, labios carnosos, cabello castaño, ojos verdes y mirada penetrante. El retrato de Natalia Subía es una imagen común en San Juan, un barrio emblemático de la ciudad de Quito.
Una gigantografía forma parte del paisaje de un mirador a un costado del puente La Luna. Antes de llegar a las gradas de La Chilena, entre las calles Esmeraldas e Imbabura, los vecinos se habituaron a ver la enorme fotografía con la leyenda: “Justicia para Natalia Elizabeth Subía Molina”.
Tres metros a la derecha del gran retrato, se ubica la casa de Isis, un conjunto de viviendas compartidas entre familiares: tíos, primos, cuñados. Su casa, una construcción de 60 metros cuadrados, está rodeada de recuerdos. En la entrada cuelga un cuadro pintado por la artista Gissela Villarruel, quien se basó en una fotografía en la que Natalia abraza a su hija, Ariana Moreno, para hacer los trazos. El retrato reza: “Allí donde toques la memoria, dueles”.
El dormitorio de Isis tiene su toque marital, pero también está rodeado de otras reminiscencias. En el armario hay prendas de vestir, maquillaje, aretes, cuadros y dibujos de “Naty”, como la llamaban sus amigos. A un costado del comedor, se encuentra un arreglo parecido a un altar con velas y fotos de Natalia. Un cirio blanco que la familia enciende de vez en cuando describe la añoranza de su hija de 15 años: “Algún día nos volveremos a ver. Te amo”.
Las memorias son tantas, que Isis adaptó una bodega de ladrillo y barro para almacenar los artículos de Natalia, en medio de botas de caucho, tarros, juguetes y bicicletas. Destaca una pizarra llena de papeles que aluden a la falta de gestión de las instituciones estatales: “No a la impunidad”, “Esperamos justicia. Ni una menos”, versan algunas frases. Las cajas más grandes guardan materiales para imprimir gigantografías. Además, hay sábanas con el nombre de Natalia y un número celular de contacto; banderas y carteles que han recorrido varios puntos de la ciudad, especialmente el Palacio de Carondelet (Casco Colonial), en donde se reúnen los integrantes de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfadec), de la cual Isis es miembro.
En una estantería se agolpan libros para Parvularia y decenas de títeres con los que Naty impartió clases como maestra en el Centro Infantil Perla Azul, en el sur de la ciudad, plantel al que ingresó una semana antes de su desaparición.
Bitácora para la inoperancia
Entre todos los objetos, el que más valora Isis es su cuaderno cuadriculado. Ese conjunto de hojas de papel soporta sus lágrimas, la incertidumbre y la desesperación por no tener respuestas. ¿Quién desapareció a Natalia? El primer apunte de la libreta es la fecha que jamás borrará de su mente: sábado 15 de septiembre de 2018.
Ese día Natalia llamó a una farmacia de la avenida Mariana de Jesús (norte de Quito), a la altura de la avenida Occidental. Se agotaron sus pastillas, Tegretol y Kepra, para controlar las fases de ausentismo epiléptico —una alteración breve de la función cerebral, debido a la actividad eléctrica anormal en el cerebro—. Esta condición nunca fue un impedimento para que cumpliera su labor como docente. El primer fármaco se suministraba como un anticonvulsivante. Y el segundo, para el tratamiento de las crisis de inicio parcial en epilepsia. Tenía que suministrarse tres veces al día.
En el sector de la casa donde Natalia vivía con Isis, no hay servicio de transporte urbano; los taxis tampoco llegan. Por ello, solicitó que entregaran las pastillas en su domicilio. Sin embargo, la dependiente le indicó que debía presentar la receta; Natalia renegó porque esos medicamentos, dijo, eran de venta libre.
Ese día la mujer estaba de mal humor tras una fuerte discusión con su hermano, Eduardo. Cerca del mediodía, con el coraje encima, Natalia salió de su casa hacia la farmacia empuñando el dinero y las llaves. Siguió su ruta habitual: caminó tres cuadras con dirección norte y tomó un taxi, con destino a la farmacia. Esa fue la última vez que alguien la vio.
Pasaron seis horas; Naty no volvía. Lis y Eduardo advirtieron a Isis que su hermana no regresaba. Llamaron con insistencia a su número celular, pero se dieron cuenta de que el teléfono timbraba en su propio domicilio: lo dejó en su cuarto. Al principio pensaron que Natalia pasaría la noche con una pareja a quien conoció tres meses atrás, pero luego confirmaron que no se habían visto. El domingo tampoco llegó Natalia. Esa noche ya no pudieron quitarse la idea de que algo le había pasado.
El lunes, el personal de la Guardería alertó que Natalia no daba respuesta a las llamadas. Inmediatamente acudieron a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para presentar la denuncia. Entre las primeras diligencias llevadas a cabo, los agentes inspeccionaron el domicilio de Natalia y una quebrada aledaña a la vivienda. Lis, Isis y Eduardo, hermanos de la desaparecida, se organizaron para la búsqueda. Meses después también se harían cargo de los trámites en la investigación tras confirmarse la muerte de su hermana.
Natalia —33 años— era la mayor de los cuatro hijos de Mayuri Molina, migrante desde hace 20 años que radica en España, sin embargo, no pierde el contacto con sus hijos. Tal vez fue su sexto sentido el que le alertó que algo le pasaba a Natalia. Le reportaron la novedad y regresó a Ecuador, pero al poco tiempo tuvo que volver a Europa, acompañada de Eduardo, para no perder su trabajo.
Isis se apoyó entonces en su esposo Yeison Duque y en sus dos pequeños, Gabriel Guillén y Aaron Duque.
Las primeras pistas
Los hermanos llamaron a la farmacia, donde les confirmaron que Natalia nunca llegó para adquirir las medicinas. Después, vecinos aseguraron que la vieron caminar, antes de tomar el taxi. La familia mantuvo ocho días de búsqueda, hasta que la Policía les indicó que tenían que ver las cámaras de seguridad, pero las imágenes recabadas no dieron mayor información.
“¿Por qué la policía esperó tanto para revisar las cámaras?”, expresa Lis con indignación.
Luego de la denuncia empezó otra pesadilla: “lidiar con los funcionarios”.
En su “diario de campo” Isis registró la fecha en que asumió el primero de los cinco agentes fiscales que se han hecho cargo del caso.
Septiembre de 2018
Edith Arévalo, de la Fiscalía No.2, inició la investigación. Con ella, según el registro, se cumplieron búsquedas en las quebradas y se solicitó información de cámaras, mientras que la familia colocó afiches en diferentes puntos de la ciudad. También entregaron una carta a la Presidencia de la República y hubo una reunión en la Dirección de Conflictos del Ministerio de Gobierno, pero “nada de eso sirvió”, advierte Yeison.
Enero 2019
Se presenta la fiscal Claudia Romero con un capitán Naranjo, por parte de la Dinased.
Los agentes se entrevistaron con todos los familiares y cada integrante se sometió a pruebas de ADN. Se llevaron accesorios de Natalia, entre ellos dos laptops y una pinza de cejas de donde sacaron muestras genéticas. Luego realizaron una inspección con luminol (para detectar presencia de sangre) y se instaló un dispositivo del Instituto Geográfico Militar para localizar restos óseos.
“Nunca nos dijeron para qué eran las pericias”, confiesa Isis.
Más tarde, en noviembre de ese año, les informarían que se encontró un cráneo. La cabeza se localizó en las rejas de una alcantarilla ubicada en la quebrada Ascázubí, en el barrio Armero (noroccidente de Quito), cerca de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central. Las evaluaciones confirmaron el deceso de Natalia.
“Ahí entendí que las pericias fueron para determinar si teníamos alguna responsabilidad”, explica Isis.
Antes de dejar el caso, Romero realizó la reconstrucción de los hechos, en el momento en que Natalia salió de la casa, pero no reconstruyeron el instante en que fue vista por última vez.
Abril 2019
La fiscal Silvana Sandoval fue la nueva delegada para asumir la investigación. Le explicó a la familia que la causa no tenía una línea de investigación por lo que dispuso hacer un barrido en las quebradas aledañas. Se realizaron tres inspecciones con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), sin ningún resultado.
Ese mismo mes, Isis revisó las carpetas para entender los avances en el caso. Ahí encontró una autopsia psicológica que determinó que Natalia no tenía conflictos con otras personas, no se encontraba en un “riesgo victimal”, tampoco hubo indicios de suicidio o secuestro por dinero. Sin embargo, estimaron que tenía sufrimiento por su enfermedad mental, por lo que “tomó la decisión de salir de la ciudad para alejarse de sus conocidos”.
El jueves 14 de noviembre, se convocó a los familiares para informarles sobre los datos concluyentes del cráneo. Los técnicos explicaron que en la muestra ósea hubo algunas piezas dentales que conservaron sangre, con la que se pudo cotejar la genética compatible.
Uno de los expertos explicó que se habría tratado de un asesinato a manos de “un enfermo”, ya que el cráneo se encontraba en una bolsa de plástico.
“Asimilar ese informe fue muy difícil. Fue doloroso”, comentan Isis y Yeison.
Enero 2020
El expediente cambió de figura legal; se trasladó a la Fiscalía de Violencia de Género y quedó a cargo del fiscal Boris Bohórquez. Dos meses después se programó una reunión con la familia, el fiscal y los agentes de Dinased, pero debido a la pandemia por la covid-19, la investigación se canceló. El caso se estancó.
En ese tiempo, una vecina le mostró a Isis una captura de pantalla en la que una mujer —reserva el nombre porque está en investigación— escribió en su muro de Facebook que su expareja asesinó a Natalia. Lo particular de esa publicación es que había detalles que no se conocían públicamente. Incluso reveló la forma en la que habría sido asesinada, así como el lugar al que la llevaron, entre otros detalles. Isis también asegura que esa mujer señaló que su expareja era empleado de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), entidad que encontró el cráneo durante un mantenimiento de las quebradas.
“¿Quién mejor conoce las quebradas que alguien que trabaja en la Epmaps?”, cuestionan los familiares.
Isis pensó que con ese nuevo dato se agilizaría la investigación, pero no fue así. Ya que el fiscal solo buscó los nombres de las personas señaladas a través del Registro Civil.
Julio de 2020
Los familiares solicitaron que se determine la existencia del señor en mención, que se confirme si consta en la nómina del personal de la Epmaps y si había una denuncia en la Fiscalía. Lo único que se recabó fue que ese individuo quiso cambiarse de edad y que tenía una denuncia por violencia doméstica.
Otro tropiezo en la causa fue que el agente de la Dinased se trasladó a Guayaquil para el levantamiento de cadáveres debido a la pandemia. Al ver que la causa no progresaba, la familia de Natalia solicitó un cambio de agente fiscal.
Marzo de 2021
El expediente pasó a la doctora Fátima Vélez, en la Fiscalía No. 8 de la Unidad de Género, y se designó a Wilson Caiza, agente de la Dinased. En ese lapso, Isis vio que dicho gendarme tampoco cooperó en las investigaciones por lo que presentó una queja en contra de Caiza. En cambio, la actitud de la fiscal fue más diligente. Ella advirtió que la Unidad no era la competente para conocer el caso.
Julio de 2021
Mediante una llamada, el agente Caiza informó a Isis que localizaron otros restos óseos durante una limpieza, nuevamente, con maquinaria de la Epmaps. Ese hallazgo no fue producto de la búsqueda de la víctima, sino de una limpieza rutinaria. Se trató de una pierna con un zapato y la licra.
Caiza pidió a Isis que describiera la ropa que llevaba Natalia el día de su desaparición.
“Me di cuenta que ese agente nunca revisó el expediente, que no hizo su trabajo”, explica.
La escasa gestión de Caiza también obligó a que la Fiscalía solicitara a la Dinased un cambio de agente.
Confirmado, era Natalia
Isis no daba crédito al hallazgo de las osamentas. Por ello habló con el antropólogo que realizó el reconocimiento. El técnico tomó una foto de la pierna con la licra y el zapato y se la mostró a Isis.
“Confirmado. Era Natalia. Lloré. No había consuelo”, reconoce.
Durante tres meses, la fiscal continuó con nuevas diligencias y pericias en las quebradas. En agosto de ese año, encontraron el segundo pie; después localizaron una costilla. Los informes determinaron que el cuerpo estuvo expuesto a animales que mordieron el cuerpo. Además, por tratarse de un colector, los restos permanecieron en contacto con elementos como lodo, agua y sol, lo que provocó que el cadáver quedara segmentado en partes.
Tras estos hallazgos, la agente Vélez recomendó que el caso pasara a otra unidad porque se trató de un asesinato.
Enero 2022
La causa llegó a la Fiscalía de Personas y Garantías No.2, a cargo del doctor Samuel Orlando Benavides.
Solicitamos la versión de la Fiscalía y de Dinased para conocer por qué se han dado tantas largas en la investigación. Ambas dependencias, a través del personal de Comunicación Social, informaron que no se pronunciarán sobre la presente causa porque el caso se encuentra en investigación previa.
La Fiscalía indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su Artículo 584 refiere que las actuaciones del personal especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, “se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten”.
Mientras tanto Isis, su esposo Yeison y Lis, se mantienen atentos. Exigen que se investigue al ciudadano que se denunció en Facebook, también que se determine la causa de muerte de Natalia. Hasta el momento, los peritos confirmaron que la mujer no tuvo fractura ni contusión craneal. Además, reclaman que la Fiscalía cumpla con el ofrecimiento de asistencia psicológica permanente para la familia.
“Ya van dos años en los que no nos ayudan a afrontar la tortura que ha sido encontrar a Natalia por partes. ¿Cómo se puede procesar eso?”, expresan.
Una lucha por conocer la verdad
Entre enero y octubre de 2021, Ecuador registró una escalofriante cifra de personas desaparecidas. Según los reportes de la Fiscalía General del Estado, solo en este período, se presentaron dos mil siete. De estas,1.315 fueron mujeres.
La estadística es alarmante si se compara con las cifras de 2019 y 2020, que registraron 358 y 572 denuncias, respectivamente.
Los familiares de las víctimas advierten que muchas veces los casos se detienen o no hay celeridad en las causas.
Diana Salazar, fiscal General de la Nación, en su informe de labores presentado el 2 de marzo de 2022, advirtió que la institución sufre un déficit de fiscales a escala nacional. De ahí que las causas se retrasen. Explicó que el año anterior se crearon ocho fiscalías especializadas, pero todavía se requiere incorporar 577 agentes fiscales más con sus respectivos equipos.
En la actualidad hay 845 agentes fiscales y cada uno cuenta con asistentes y secretarios. El promedio general del país es de 4,8 fiscales por cada cien mil habitantes, mientras el estándar internacional es de 12.
Organismos de la sociedad civil no quieren esperar a los órganos estatales, por eso han conformado instituciones para ayudar a otras personas. Ese es el caso de Isis Subía y otros miembros de Asfadec, quienes, de la mano de Lidia Rueda, presidenta de esta agrupación, se reúnen para brindar asesoría legal e informar sobre los derechos que tienen los familiares de víctimas de desaparición.
“Lo que más necesitan estas personas es información y alguien que les diga que está con ellas”, refiere Isis.
Lidia Rueda, por su parte, estima que más de dos mil casos de desaparecidos se encuentran bajo investigación y si bien en enero pasado se reportaron 598 denuncias, solo se abrieron 85 investigaciones. De ahí, la fuerza que cobran estas organizaciones sociales.
Isis también integra el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Convidefem), que se dedica a una labor similar a Asfadec. Durante las reuniones del Comité, Isis conoció a María Eugenia Basantes, quien la ayudó con su labor.
María Eugenia perdió a su hijo Alexander Adrián Romo Basantes, el 6 de noviembre de 1994 en el antiguo terminal terrestre de Cumandá. Tenía apenas dos años de edad cuando desapareció. El caso sigue abierto, sin embargo, ella tiene indicios de que el padre de Alexander pudo haber sido el causante de la desaparición de su hijo.
La madre de Álex, como le llamaba al niño antes de su desaparición, también cree que la Fiscalía cumple una labor lenta en sus investigaciones, pero gracias a estas organizaciones se mantiene en la lucha por conocer la verdad de su hijo.