En el sur de Quito, el femicidio de una mujer de 31 —que contaba con dos boletas de auxilio— confirma los altos niveles de violencia de género a los que estamos expuestas las mujeres en Ecuador.
La víctima fue asesinada en su domicilio (las cifras del Consejo de la Judicatura destacan que el 50% de víctimas de feminicidio son asesinadas en su domicilio, el de su victimario o el de otro familiar) frente a su hija de 9 años de edad, que ahora queda en la orfandad. La menor, al intentar defender a su madre, resultó herida en una de sus manos. Este detalle se constituye en agravante, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal.
Este doloroso feminicidio demuestra que la emisión de boletas de auxilio se está convirtiendo en un mero trámite formal que, en
la práctica, no garantiza la protección efectiva de las mujeres ni va acompañado de medidas concretas que salvaguarden su vida e integridad. Las cifras recopiladas por la Fundación ALDEA revelan que 6 mujeres asesinadas en el 2025 denunció previamente a su agresor, por lo que contaba con boleta de auxilio.
La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contempla, entre otras medidas de protección, la instalación de dispositivos electrónicos de alerta en el domicilio de las víctimas de violencia; sin embargo, este mecanismo nunca ha sido implementado de manera efectiva en el país. Esta omisión evidencia la brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos y su materialización.
Este femicidio ocurre en medio del desmontaje de la institucionalidad encargada de implementar las políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.
En los hechos, el debilitamiento institucional significado que las mujeres enfrenten una mayor desprotección: las medidas destinadas a salvaguardar sus vidas no se ejecutan con la eficacia necesaria —como sucede con el botón de pánico—
y, al mismo tiempo, las instituciones del Estado guardan silencio frente a estos casos. Silencio total.
La violencia femicida ha sumado un nuevo rostro. Un estudio de Flacso revela que en 2025, el 67,9 % de los femicidios
registrados en las provincias más peligrosas de la Costa ecuatoriana estuvieron
vinculados al crimen organizado. Además, evidencia un incremento en el uso de armas de fuego para cometer estos delitos.
El estudio advierte que existe una reconfiguración de la violencia extrema contra las mujeres y sostiene que el Estado debe
reconocer que los crímenes cometidos contra mujeres en contextos de sistemas criminales, también constituyen femicidios.
Esta realidad se refleja en las cifras. Según la Alianza Feminista para el Mapeo deFemi(ni)cidios en el Ecuador, liderada por Fundación Aldea, en 2025 se registraron 411femicidios en el país, siendo Guayas y Manabí las provincias con mayor número de
casos de femicidio.
Según esta misma fuente, en 2024 se documentaron 274 femicidios, concentrados en las mismas provincias; de la mitad fueron perpetrados con armas de fuego. Entre enero y el 15 de marzo de 2026 ya se registraron 78 muertes violentas de mujeres por razones de género.
Frente a estas cifras resulta preocupante la divergencia entre los datos que presenta el Estado y los registros elaborados por las organizaciones de la sociedad civil. Mientras las cifras oficiales sostienen que este tipo de crímenes ha disminuido, el monitoreo
independiente evidencia una realidad distinta. Sin diagnósticos precisos es imposible diseñar políticas públicas eficaces para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Lo que ocurre en la provincia de El Oro ilustra con claridad esta situación. Durante losprimeros seis meses de 2026, 42 mujeres fueron víctimas de femicidio. Rosa López Machuca, dirigente del movimiento de mujeres de esa provincia, alertó sobre el temor de las mujeres a denunciar y la limitada respuesta del sistema judicial para hacer frente a la ola feminicida. A ello se suma que la provincia cuenta con un solo Tribunal Penal para atender estos casos.
Un femicidio es la expresión palpable de que el sistema de prevención estatal ha fracasado y ha dejado en la
indefensión a las mujeres. Pero este fracaso no empieza con la muerte de una mujer. Comienza cuando
las medidas de protección no se ejecutan, cuando las instituciones guardan silencio, cuando las cifras se minimizan, ocultan o distorsionan; y cuando el Estado renuncia a proteger la vida de
quienes más lo necesitan.
Las mujeres son asesinadas, incluso con boletas de auxilio en la mano. Esa es la evidencia más dolorosa de que las mujeres no solo enfrentan a sus agresores en total indefensión, sino también a un Estado que llega tarde. O simplemente no llega.
