Entre 2019 y 2022 (hasta el 28 de marzo), la Fiscalía General del Estado reportó 334 casos sobre la trata de personas.
Según el Ministerio Público, la mayoría de estos casos se concentra en ciudades de mayor movimiento comercial. Es decir, Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), El Oro (Machala), Manabí (Portoviejo), Los Ríos (Quevedo), entre otras.
En Ecuador se ha detectado que organizaciones religiosas son propensas a la trata. Por la naturaleza de sus actividades e influencias, no se las ha acusado de cometer un delito penal ni un atentado contra los derechos humanos.
En julio de 2018, al menos cinco mujeres denunciaron al pastor evangélico Evert Dick G. S. y a sus colaboradoras, Evelyn Magdalena I. C. y Maribel de Lourdes O. M., quienes operaban en una organización religiosa en Guayaquil, Marcelino Maridueña (Guayas), y en Buena Fe (Los Ríos).
En Ecuador se ha detectado que organizaciones religiosas son propensas a la trata.
En el país, las normas no castigan de forma específica las prácticas en cultos o sectas religiosas. Lo que sí contemplan son sanciones bajo la modalidad de trata de personas, vigente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno, reconoce que la cifra podría ser superior, pero muchas de las víctimas no presentan las denuncias.
Otro problema que se registra es que la mayoría de casos quedan en investigación previa y un número reducido alcanza la sentencia condenatoria.
Revista Bagre realizó un reportaje en el que revela la historia de víctimas de trata, a través de sectas religiosas. Además, un análisis de expertos de la Fiscalía General del Estado.