Explotación laboral en nombre de Dios, una letanía

Imagen referencial / En Ecuador las normas no castigan de forma específica las prácticas en cultos o sectas religiosas. Foto: Cortesía
Una joven universitaria cuenta la historia de cómo fue sometida a largas jornadas de trabajo a través de las autoridades de una secta religiosa.

En Ecuador poco se conoce sobre las sectas religiosas, mucho menos se sabe de que a través de estas organizaciones se puede incurrir en la trata de personas.

Patricia Andrade, una joven serrana, amante del estudio, fue sometida a esa explotación laboral, en nombre de Dios.

Cuando la muchacha era adolescente ingresó a un entorno lleno de obligaciones: participar en los clubes, preparar misas, dar catequesis, acudir a retiros espirituales que no eran labores voluntarias, sin embargo, ella no se dio cuenta.

Al terminar el colegio y cumplir los 18 años, Patricia vino a vivir a Quito para dedicarse de lleno a esta agrupación.

A Patricia también la sometieron a restricciones de vestuario: falda baja, suéteres grandes y holgados, zapatos bajos, nada de maquillaje; y tenía prohibido estar en contacto con hombres.

«No tengo intención de poner ningún tipo de denuncia en contra de esta organización”, advierte, “y no he buscado justicia de ninguna manera. Esa fue mi historia».

Patricia comprendió que la explotación laboral e intelectual no podían interponerse en lo que quería hacer con su vida

El sometimiento «en nombre del Señor» obligó a Patricia a cumplir jornadas de explotación. Se levantaba a las 04:30; ofrecía una oración de 30 minutos, y después rezaba el Santo Rosario, para luego asistir a misa.

Patricia no soportó la presión. Comprendió que la explotación laboral e intelectual no podían interponerse en lo que quería hacer con su vida: ser doctora en Medicina.

Un día, armó sus maletas y salió de la casa de acogida. Presentó una carta de renuncia, la que fue aprobada dos meses después.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía lideran iniciativas para erradicar esta práctica. Ambas instituciones coinciden de que hay un subregistro de los casos.

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