Bagre revista digital de Ecuador, como un homenaje a la tenacidad de la señora Rosa Morillo Revelo publica esta investigación que ilustra cómo fueron vulnerados sus derechos. Nuestra profunda admiración para esta valiente mujer y nuestro deseo de que la justicia prevalezca.
Rosa Magdalena Morillo Revelo es organizada. En una habitación de su vivienda, ubicada en el sector de Granilandia (noroccidente de Quito), adaptó un estudio en el que almacena los documentos de su negocio.
Junto con su esposo, Mauro Agapito Ruano Bravo, se dedica a la venta de productos agrícolas. En una de las estanterías constan las facturas de clientes, recibos de pago y demás comprobantes, ordenados por años.
Entre los papeles se encuentra una carpeta con más de 200 hojas en las cuales están clasificados procesos legales que dan cuenta de un hecho que marcó la vida de ambos. Se trata de seis juicios por una misma causa: «recuperar los bienes que perdimos por culpa de una omisión y un abuso de poder», expone Rosa.
Casi ocho años han transcurrido desde que Rosa y su esposo llegaron a la hacienda San Alfonso, ubicada en la parroquia Pintag (Pichincha), para continuar sus labores como agricultores y ganaderos a mínima escala. Pero sus planes quedaron a un lado cuando no pudieron ingresar a la localidad, en donde les habían arrendado dos predios.
En ese instante el matrimonio conoció que las instalaciones fueron vendidas por la Orden de Padres Carmelitas Descalzos del Ecuador —entidad propietaria de esas tierras— sin que se tomara en cuenta un contrato de arrendamiento que tenía la orden religiosa con la pareja, vigente entre el 1 de abril de 2012 y el 1 de abril de 2019.
El 30 de septiembre de 2014 comenzó el largo proceso legal con el que batallan.
Las pérdidas económicas
Cuenta Rosa Morillo que la relación arrendataria se inició con la empresaria Carmen de las Mercedes Donoso, dueña del predio cuya extensión tenía 120 hectáreas. En 2012, la empresaria entregó la propiedad a los Padres Carmelitas: el 33,8 por ciento, mediante compra, y el 66,14 por ciento, por donación.
En medio de este trámite, Donoso mantuvo negocios con la pareja Morillo Ruano, de modo que les ofreció arrendar la hacienda a un precio módico con la finalidad de saldar la cuenta.
El 10 de marzo de 2012, Donoso falleció en el hospital de Quito. Tras el deceso, los religiosos tomaron posesión de las tierras y aceptaron que la pareja continuara con sus labores en la hacienda. De esta forma, extendieron el contrato en los predios San Alfonso y San Nicolás.
El contrato de arrendamiento detalla que por el primer espacio se acordó un pago mensual de 4 mil 664 dólares más IVA durante los primeros tres años y seis meses del plazo pactado; y de 6 mil 530 dólares más IVA durante los últimos tres años y medio del plazo pactado. Por el segundo, se acordaron 600 dólares más IVA al mes.
El convenio fue suscrito por el fraile español Jesús María Arroyo Castellanos, encargado de la Orden. Sin embargo, el 30 de junio de 2012, el religioso falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, tras un accidente, quedando a cargo de todo el padre Marcelo Vicente Sarmiento Castillo.
Rosa asegura que a partir de ese hecho perdió el contacto formal que mantenía con la Orden de los Padres Carmelitas, ya que Sarmiento —ignorando el contrato vigente— vendió la hacienda con todo lo que existía en su interior, incluidos los instrumentos de trabajo de la pareja, su producción y su ganado.
Los sacerdotes no solo incumplieron el contrato, sino que además no notificaron la venta previa, omitiendo la segunda cláusula del arriendo del contrato, que reposa ante la Notaría 40.
Pero hay otras pérdidas económicas, a decir de Rosa Murillo y Mauro Ruano, producto de préstamos que hicieron para adquirir materiales y maquinaria. Entre estos destaca el solicitado al Banco de Fomento para comprar un tractor y trabajar la tierra. También otro al Banco del Austro para adquirir una camioneta con la que trasladaban los productos como leche, ya que eran proveedores de una empresa láctea de la zona. Y otro préstamos más al Banco Pichincha para adquirir 143 cabezas de ganado.
Cuando Rosa y Mauro vieron que no se les permitía el paso a los predios que arrendaban, entendieron que se quedaron con tres deudas fuertes y sin las ganancias de sus negocios.
Señora, usted es un demonio
Rosa recuerda que ella y su esposo trataron de ingresar para retirar sus bienes, pero agentes de la Policía Nacional les impidieron el paso. El matrimonio solo quería recuperar sus pertenencias y los productos de su trabajo: el tractor, la camioneta, 800 litros de leche, 143 cabezas de ganado, 300 quintales de papa, decenas de gallinas, chanchos y cuyes. Tras la negativa, la pareja acudió donde el cura Sarmiento para alertar de la situación y del incumplimiento del contrato.
“¡No reclame más! La persona que compró es buena y usted es un demonio”, fue la respuesta que obtuvo Rosa del sacerdote.
Las escrituras de la compra-venta de la propiedad reposan en la Notaría Décima Tercera, de la doctora María Portilla. En ellas se lee que el terreno fue vendido en dos millones 200 mil dólares, el 22 de agosto de 2014, y fue adquirido por la empresa Hortaleg La Huerta S.A., cuya gerente es Ana Julieta García Bailón, esposa de Carlos Proaño Romero, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.
En la quinta cláusula del contrato, que habla de la transferencia de dominio, el vendedor transfiere a Hortaleg «instalaciones, maquinaria, sembríos y ganado que le son anexos, sin reservarse nada para sí».
No obstante, Rosa refiere que los bienes como el tractor y la camioneta no pertenecían a los sacerdotes, puesto que fueron herramientas empleadas por los agricultores durante el alquiler de los predios San Alfonso y San Nicolás.
Rosa Magdalena Morillo Revelo y Mauro Agapito Ruano Bravo cuentan con documentos que avalan la compra. Uno de estos es de Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., representante de Fideicomiso Vehículos Banco del Austro TF-C-263, que certificó al matrimonio como propietarios de una camioneta marca Mahindra, modelo 2013.
El tractor también pertenece a la pareja, según la factura No. 001-001-00 de Agroproduzca, del 27 de diciembre de 2012. En el comprobante consta que la adquisición del tractor se realizó en efectivo por el valor de 51 mil 665 dólares a nombre de Mauro Ruano.
Un patrimonio injustificado
Hortaleg La Huerta S.A. fue creada en 2011 para dedicarse al cultivo de la papa chola. La empresa planteó vender el tubérculo congelado listo para freír. En mayo del 2014 salieron a la venta las primeras fundas de papa chola de bastón congeladas con la marca Choli, en cuatro presentaciones: bastón recto, bastón rizado, bastón con puntas de cáscara y bastón grueso con cáscara. El producto llegó a restaurantes de comida rápida y autoservicios.
Sin embargo, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) en lo correspondiente a detalle de Impuesto a la Renta Causado y Salida de Divisas en 2014, año que Choli salió al mercado, pagó 12 mil 788.62 dólares. Mientras que hasta 2020, fecha de su última declaración, se canceló el valor de 15 mil 079.11 dólares.
Resulta extraño además que la industria que comercializa el producto se encuentre descuidada. Un recorrido realizado por revista digital Bagre evidenció que no hay personal permanente en la fábrica y que solo se observan agentes de seguridad privada, pero sus invernaderos están abandonados; los techos del área de producción de papa, corroídos por la intemperie, y el comedor sin personal y las puertas selladas. De vez en cuando pasan vehículos pesados que llevan la materia prima en cajones.
A pocos metros del acceso principal, a un costado de una de las casas sin uso, se encuentran el tractor y la camioneta que Rosa Morillo y Mauro Ruano reclaman como parte de sus pertenencias.
Proaño y su antecedente en la Refinería
El nombre de Carlos Proaño Romero destaca por los cargos que ha ocupado en el gobierno. Solo entre 2007 y 2012 —durante régimen correísta— se desempeñó como subsecretario General de Economía, en el Ministerio de Economía; subsecretario Administrativo del Ministerio de Turismo, ministro de Turismo; asesor en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Además, ocupó cargos cercanos a José Serrano, ministro del Interior en aquella época: primero como coordinador General del Ministerio del Interior y luego como gerente General de Tecnistamp (Fabrec), empresa adscrita a esa cartera de Estado, la cual se sometió a un proceso de liquidación por disposición del presidente Lenín Moreno.
No obstante todo aquello, en el currículo de Proaño Romero existen temas pendientes que cuestionan su gestión, pues tiene un proceso por haberes e indemnizaciones laborales, según el historial del Consejo de la Judicatura.
Por parte de la Contraloría General del Estado mantiene dos glosas, una como subsecretario general de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas; y otra cuando fue Gerente de la Refinería del Pacífico, revela Focus Ecuador.
La publicación muestra que como subsecretario General de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso mediante resolución 685, el 4 de diciembre del 2008, transferir cantidades de dinero a varias misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración para la adquisición de mobiliario.
Esta transferencia carecía de respaldos. La glosa contra Proaño Romero fue fijada en 387 mil 953 dólares.
Otra glosa por una cifra superior se registró cuando fue gerente de la Refinería del Pacífico. El contrato que la compañía mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro suscribió para los estudios de ingeniería del proyecto que se ejecuta en El Aromo, Manabí, dejó un perjuicio millonario al Estado: 29 millones 342 mil 451 dólares.
Focus Ecuador detalla que la responsabilidad civil, según la Contraloría, recae sobre el directorio de la Refinería y también sobre Proaño Romero, pues él suscribió el compromiso contractual con la firma coreana SKE&C, con sobreprecio. Vale la pena recordar que SKE&C es la misma empresa acusada por la cuestionada repotenciación de la refinería Esmeraldas.
Carlos Proaño Romero estuvo al frente de la Refinería del Pacífico desde 2009 hasta el 7 de julio del 2011, fecha en la que renunció. La administración de Proaño en la Refinería sentó las bases para uno de los proyectos con mayores cuestionamientos dentro del régimen correísta: la fallida construcción de la Refinería del Pacífico (RDP).
El 8 de octubre de 2020, la Contraloría General del Estado aprobó la auditoría de gestión a la planificación, costos de operación, mantenimiento y estado actual de la RDP. El examen estableció inversiones, entre 2008 y 2018, por un mil 528 millones 374 mil 332,54 dólares.
Pueden ir cuando deseen
Ana Julieta García Bailón, gerente de Hortaleg reconoce, vía telefónica, que este conflicto entre Ruano Morillo y la empresa tiene varios años. Indica que hay procesos judiciales en los que las cortes han dado la razón a la compañía que administra.
«No pueden demostrar ningún tipo de mala fe de nuestra parte. No somos personas que trabajamos para perjudicar a nadie», expresa y añade que la empresa genera más de 150 plazas de trabajo. «Nosotros tenemos un radio de trabajo muy amplio», reitera.
Carlos Proaño Romero, de su lado, refiere que la firma realizó la compra a la Orden Sacerdotal, tras una negociación que demoró alrededor de un año. De ahí que hubo pleno conocimiento de que las tierras estaban en venta.
En cuanto al tractor y a la camioneta, Proaño Romero advierte que la empresa dialogó con la pareja para que retiraran esa maquinaria de la propiedad, pero no lo han hecho. «Ellos pueden ir cuando deseen», señala.
Sobre el ganado, el exfuncionario advierte que fue parte de la compra que se encontraba en el terreno y que Ruano y Morillo habían alquilado la propiedad incluido el ganado.
Lucha legal por recuperar el patrimonio
La pareja Ruano Morillo llegó a los tribunales para exigir que se les devuelva lo que perdieron, pero manifiestan que se han sentido desamparados.
Entre los procesos que han seguido, en los que están involucrados García Bailón, Proaño y la Compañía Hortaleg, se encontró un juicio por desahucio (procedimiento por el que el arrendador avisa al inquilino su deseo de terminar el contrato), el cual favoreció a Rosa y a Mauro.
Otro más fue presentado por abigeato (es decir, la apropiación de una o más cabezas de ganado); y otro por despojo violento (que alude a la acción dirigida a la recuperación de posesión despojada); y un cuarto por presunta usurpación (que apunta a la acción de apoderarse de una propiedad que legítimamente pertenece a otro). En todos ellos se concluyó que la denuncia no constituyó delito, es decir, la causa se archivó.
El último proceso legal fue un juicio colusorio (que señala a una persona que, para obtener un beneficio particular, perjudica a otra y la priva del derecho de dominio), en contra de la Orden Sacerdotal y de Hortaleg.
El expediente se inició el 30 de octubre de 2014 y terminó en octubre de 2021. El caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que resolvió que parte del expediente vaya a la Fiscalía para que se investigue de dónde sacó el dinero la pareja Proaño García para adquirir la propiedad.
El litigio también llegó a la Corte Constitucional (CC), que falló por inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección. «No es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria», resolvió el organismo, por lo que se dispuso archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen, en Sangolquí.
Compra-venta bajo normas legales: Orden Sacerdotal
“La Orden no actuó fuera de la norma”, dice Marcelo Dueñas, representante legal de la Orden de Padres Carmelitas Descalzos del Ecuador. La entrevista se lleva a cabo en la oficina del procurador de esta congragación, en Quito. Si bien la Orden accede a la charla, el procurador no autoriza que sea grabada.
“La pareja tenía pleno conocimiento de la venta del terreno”, expone el representante legal y aclara: “De hecho, Hortaleg notificó a Ruano sobre el desahucio del contrato”.
Dueñas explica que antes de la venta del terreno —que se llevó a cabo de forma anticipada y debidamente documentada— la empresa realizó visitas para conocer la topografía del lugar. Dichos recorridos, asegura, los realizó Mauro Agapito Ruano Bravo.
El abogado menciona que se informó que el contrato con el matrimonio Ruano Morillo no era figura pública, sino que se trató de un contrato privado, es decir, no se realizó ante una Notaría. Acerca de la cláusula del convenio arbitral, señala que la acción está prescrita. También refiere que sobre el bien inmueble no pesa ningún gravamen, embargo o prohibición de enajenar, limitación de dominio, condición resolutoria o suspensiva, por lo que la venta fue legal.
Respecto al juicio colusorio, el procurador enfatiza que ya pasó por las cuatro instancias: tres jurisdiccionales y una constitucional, lo que evidencia que la Orden actuó bajo norma.
El procurador también indica que los recursos planteados por la pareja Ruano Morillo han perjudicado la imagen de la institución religiosa. Sin embargo, añade, la compra-venta de ese terreno no se realizó con fines de lucro, sino para obra social.
Agotarán las instancias
Rosa Morillo asegura que todavía tiene recursos para exigir lo que le pertenece. Para ello se acogerá a la cláusula octava del contrato de arriendo que firmó con la Orden, que habla del convenio arbitral y que señala que cualquier controversia o diferencia que pudiera derivarse «será sometida a la decisión de un árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito».
Sin embargo, Rosa Magdalena Morillo Revelo y Mauro Agapito Ruano Bravo aseguran que, en caso de que su demanda no reciba una respuesta favorable, acudirán a cortes internacionales.
Escribe: Gabriela Castillo.