“Paguen todo lo legal. Reclamo lo justo”. Son las frases plasmadas en dos carteles que se colocaron en las vitrinas de un vehículo, como medida de protesta.
A finales de julio de este año, un automotor se parqueó en los exteriores del Colegio Británico Internacional, en el norte de Quito.
La protesta fue del profesor Milton Becerra, quien exige la cancelación de sus haberes tras un supuesto despido intempestivo por parte de las autoridades del plantel.
El maestro -dijo- se vio obligado a tomar esta acción, porque fue víctima de una injusta destitución del cargo, luego de 17 años de servicio en las cátedras de Lengua y Literatura, Ciencias, Matemáticas e Inspector.
El inconveniente se inició el 6 de julio último. Alfonso Algora, director general de la institución, le informó verbalmente que fue despedido y que firmara un acuerdo conveniente para el docente.
El documento en mención era una renuncia voluntaria, redactada por ellos con una indemnización de 7 mil 400 dólares.
El profesor se negó a firmar. Inmediatamente solicitó asesoría a un inspector del Ministerio de Trabajo, quien le informó que le correspondía una cancelación de 22 mil dólares.
Becerra contó que el 15 de julio, José Miguel Velastegui abogado del colegio, le notificó de forma verbal que desde esa fecha ya no trabajaba en la institución y que abandone las instalaciones.
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El docente advirtió que respeta la decisión porque se trata de una institución privada, pero no estaban de acuerdo en la forma en que se tomó la medida, puesto que no hubo una notificación por escrito. Además, nunca cometió ninguna falta.
“Les advertí que no tengo ningún problema en irme, pero al ser un despido, tienen que notificarme por escrito e indemnizarme. Mi derecho es recibir lo que corresponde”, destacó.
Dos días después, el personal le propuso una liquidación de 10 mil dólares, valor con el que no estaba de acuerdo. En ese momento, le informaron que, ante su negativa, acudirán a las áreas legales.
Las irregularidades
El docente presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Ider Salgado, su abogado, le pidió el último rol de pago.
Este comprobante se envía a las cuentas institucionales de cada maestro, pero su bandeja estaba bloqueada y fue desvinculado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El 19 de agosto, el profesor acudió al colegio para pedir el rol, pero se le restringió el ingreso.
El 29 de julio, se realizó la primera audiencia ante el Ministerio de Trabajo, a la cual acudió un abogado diferente al que le informó sobre el despido.
Ante tal situación, el representante legal del plantel no pudo explicar el motivo del despido. No obstante, presentó los tres últimos roles de pago y una solicitud de vacaciones firmada por Becerra.
El inspector concluyó que el maestro se encontraba de vacaciones. Por ello recomendó que volviera a trabajar.
El 15 de agosto regresó al colegio, pero le impidieron el paso. Becerra llamó a la Policía, pero las autoridades se remitieron a que ese caso lo está tratando el abogado.
Otro hecho que detectó el docente destituido fue que, a pesar de que no lo dejaron ingresar al colegio, volvieron a activar su cuenta en el IESS. No obstante, los haberes correspondientes a las vacaciones no fueron cancelados.
El maestro está laborando en una nueva institución, antes de firmar el contrato, el personal administrativo le solicitó varios papeles para cumplir con la afiliación, pero necesita que el colegio Británico tramite el aviso de salida, algo que no ha hecho.
Otros procesos en fila
Becerra aseguró que no es el único docente en esta situación que pasa por este percance, incluso contó que similar caso ocurre con Nicole Lara, exdocente, quien laboró por cuatro años como tutora de Inglés de sexto y séptimo de básica.
La docente inició un proceso en contra de la institución a inicios de 2022, porque no recibió el valor que le ofrecieron en un primer acuerdo.
El abogado Salgado señaló que -de su parte- tiene cinco procesos laborales en contra de la institución. Tres son por fuerza mayor, uno por contrato irregular y el último es el de Becerra.
A decir del jurista, algunos profesores fueron desvinculados de forma extraña. Específicamente en el caso de Becerra no se justificó el motivo del despido. A eso se suma que el colegio no da un aviso de salida, pero tampoco lo dejan entrar a la institución.
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Esperarán a que culmine el proceso
Revista Digital Bagre consultó al Ministerio de Educación sobre este caso. El personal de comunicación de la cartera de Estado explicó que no interviene en este tipo de situaciones, ya que se trata de un tema administrativo en una institución privada.
Este medio de comunicación también buscó la versión de la institución educativa. Para ello, se dialogó vía telefónica con Alfonso Algora, director general.
Al consultarle sobre este hecho, la autoridad expresó que el caso está sub judice (bajo la consideración del juez) y bajo este precepto, el proceso les obliga a ser cautelosos y esperar la resolución.
“Simplemente este ‘pleito’ se está dilucidando en los tribunales… Por una cuestión de prudencia procesal, por lo menos por nuestra parte, nosotros no podemos hacer mayor declaración hasta que no esté solventado”, sostuvo Algora.
Continuó: “El colegio está trabajando para solventarlo todo, pero está en una causa judicial. Por lo cual, insisto, por una cuestión de prudencia, nosotros no podemos decir nada. Una vez que se haya emitido algún tipo de resolución, yo estaré encantado de dar todos los detalles del caso”.
El director general del Colegio indicó que mientras no haya una resolución por parte de las autoridades pertinentes, se manejará el caso con absoluta prudencia
Al consultarle a Algora sobre otros procesos en contra de la institución, la autoridad respondió. “Si le soy honesto, no tengo el mayor conocimiento. De lo que usted, por ejemplo, me está preguntando, del caso de este profesor, sí. Y es lo que le estoy diciendo”.
Indicó que “de los otros ‘supuestos casos’ ¿qué quiere que le diga? No le puedo decir, porque realmente lo desconozco. En cualquiera de los casos, yo creo que el abogado de la otra parte, pues él sabrá y lo habrá elevado a los estamentos judiciales oportunos por lo que a partir de ahí se tome la resolución que se determine”.
También se le preguntó por la postura de la institución sobre la medida de Becerra de ubicarse afuera del plantel con carteles.
El director dijo que “la vía pública es vía pública y cada uno tiene todo el derecho a mostrar sus inquietudes y posiciones. Nosotros no podemos hacer nada en contra de ello. Si le digo que en la vida no se tiene más razón por poner más carteles”, puntualizó.
El jueves 8 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia entre la defensa de Becerra y el abogado del Colegio, ante la inspectora del Ministerio de Trabajo.
En la diligencia no se llegó a un acuerdo. El abogado Velastegui señaló ante la funcionaria que el Colegio no realizó ningún despido intempestivo.
Salgado indicó que al no llegar a un acuerdo, su cliente acudirá a los tribunales para presentar el caso.