A propósito de la Ley de reparación a familiares de víctimas de femicidio, al menos ya se ha dado un paso, aunque corto, para reparar a las y los hijos de mujeres que han muerto en manos de femicidas. Víctimas auténticas, cuyo número vemos crecer año a año, por falta de políticas de prevención a la violencia de género contra la mujer en el Ecuador, más aún ahora que incluso diluyeron y con ello desaparecieron el Ministerio de la Mujer.
Son mujeres que producto de la violencia y pobreza en las que viven hallan como única respuesta el suicidio. Como aquella mujer que intentó lanzarse de un puente en el sector de La Marín en Quito, o la niña de diecisiete años asesinada por su pareja de 43 años, en Guayas.
Todas ellas llenan las páginas de crónica roja, que se venden de manera efectiva como delitos pasionales y no como lo que son: hechos de violencia en los que las víctimas son mujeres.
Y así hay tantas Marías, Teresas, Juanas, o Fanys, que cada día son golpeadas, ultrajadas, violadas, y que difícilmente podrán salir de ese contexto de violencia en que se han desarrollado, y en el que el Estado las menoscaba.
Por ello, es importante una mayor participación de las mujeres en los espacios de poder, de mujeres que tengan conciencia de género, perspectiva de género, que busquen una justicia que transversalice el género y que entiendan que solo así, con políticas claras de prevención de la violencia, de educación, de salud sexual y reproductiva, podremos cambiar esta realidad.
No obstante, cuando las mujeres deciden participar en política, se ven con la gran barrera del patriarcado, de la violencia política.
ONU MUJERES lo dice claramente: “La violencia política contra las mujeres es una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones”.
La violencia política se expresa de diferentes formas, “ya sea al interior de los partidos políticos, familias, comunidades, e inclusive en las redes sociales”.
Y es en la participación política donde también encontramos víctimas, auténticas víctimas: mujeres que aspiraron a ser elegidas para una alcaldía y se les inició un juicio penal. O que cuando llegan a ser parte de los concejos cantonales, se les impide tomar decisiones o participar en la planificación municipal, y se las degrada a agendas de actos sociales o festivos, como si ese fuera el papel predeterminado para la mujer.
No se puede minimizar que se han logrado sentencias del Consejo Nacional Electoral, por la existencia de violencia política contra mujeres que participan en política.
Sin embargo, ¿quiénes son las «vístimas»?
Las vístimas son aquellas mujeres que se catalogan como víctimas de violencia política cuando se hace una crítica a su actuación institucional, a la forma en que manejan su accionar público, y que desde su zona de confort —de viajes internacionales, de viáticos, de colocación a sus familiares en cargos públicos que no podrían llegar allí si no fuera por sus influencias— se sirven del poder, y ante la más mínima crítica se declaran perseguidas, vístimas de violencia política.
Son las mismas que utilizan las conquistas que con ardua lucha han conseguido las mujeres, se sirven y se benefician de ellas cuando les conviene, y también se olvidan de ellas, igual, cuando no les conviene.
¡Cuidado, las vístimas son peligrosas, porque bailan al son del poder y de sus propios intereses!
Si esta descripción les recuerda a alguien que conocen, no lo duden ni un momento, ¡se trata de esa misma persona!
Ojalá que las mujeres que alcanzan un lugar en los espacios de decisión, de poder, no llegaran para servirse a sí mismas, sino para el servicio colectivo y para implementar políticas públicas en favor de todas. Así, el país daría pasos importantes en la prevención del delito y del crimen organizado, y se aproximaría a lograr los cambios que tanto requiere esta sociedad.
