Martha Mercedes Andrade Cruz, madre y abuela de 68 años, estaba al cuidado de su familia.
Aunque tenía su propio domicilio, rotaba con sus cuatro hijos.
Juntos organizaron horarios y turnos, no solo para que ella pasara la noche en la casa de cada uno, sino también para disfrutar los fines de semana y, sobre todo, cumplir con las citas médicas.
Sufría de diabetes y tenía un desorden en la tiroides. Además, en 2016, le diagnosticaron demencia leve; tenía limitación en la memoria a corto plazo.
Para estar al pendiente, Christian, Geovanny, Vinicio y Carol compartían videos de su madre durante la estadía con ellos y sus nietos.
En una de las últimas imágenes que se reenviaron por Whatsapp, Carol Manzano, la menor de los hermanos, recuerda que doña Martha se servía el desayuno.
En un video se puede escuchar la voz de Geovanny Manzano, quien se dirije a su madre: “¡Salude, mami! ¡Salude!”, decía para que Martha levantara la mano y la agitara mientras la grababa con el teléfono celular.
La mañana del 27 de diciembre de 2020, doña Martha salió de la casa de Geovanny, en el sector de Quitumbe (sur de Quito). Ese día, la señora quería regresar a su domicilio, en la Ciudadela Ibarra (sur).
Geovanny le dijo a su madre que después de atender una visita la llevaría, pero ella no esperó y salió por otra puerta de la casa. Fue vista por última vez en las calles Tamia y Lira Ñan.
—Fue un descuido —puntualiza Carol.
De ese hecho ha pasado un año y cinco meses, tiempo en el cual los hijos de Martha han vivido una serie de negligencias. La denuncia se levantó 13 horas después de la desaparición, luego de que los familiares fueron remitidos a cuatro lugares distintos.
Primero, a la Fiscalía de Quitumbe, luego a la Policía Judicial de la Tomás de Berlanga, más tarde se movilizaron a la Fiscalía en la avenida Patria y 9 de Octubre para después ir a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), en el sector de San Carlos.
Carol Manzano cuenta que 48 horas después de la denuncia, les asignaron «por fin» un agente, ya que el primero que les delegaron se encontraba con baja, lo que los obligó a realizar de nuevo los trámites.
La búsqueda formal se inició el 3 de enero de 2021, una semana después de que fue levantada la denuncia, porque el personal «estaba ocupado celebrando las fiestas de Año Nuevo».
A esa demora, se sumó que el servidor delegado dispuso que se revisaran las cámaras de vigilancia después de 19 días de la desaparición.
—Con estas negligencias se perdió tiempo valioso con el que habríamos encontrado a nuestra madre. Es un dolor de no ser escuchados, de no ser atendidos— reflexiona Carol.
Los familiares de Martha Mercedes Andrade Cruz coinciden en que lo más triste no solo es la pérdida de su ser querido, sino la inoperancia.
La percepción que les queda sobre la atención que brinda la autoridad cuando un adulto mayor desaparece queda plasmada en una frase de Carol:
—Las personas de la tercera edad no son prioridad para la Policía.
¡Vaya a buscar a su madre donde los recicladores!
Según datos de Dinased, entre 2014 y 2019 en Ecuador se reportaron 2.134 adultos mayores desaparecidos, lo que representa un promedio de 356 adultos mayores extraviados por año.
Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado distan de los números de Dinased.
Datos proporcionados por la institución a Revista digital Bagre revelan que, desde 2019 a octubre de 2021, se reportaron 858 denuncias por desaparición en personas de 65 años en adelante, de las cuales 746 han sido localizadas.
Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfadec), indica que un buen número de localizados no necesariamente apareció por gestión de las autoridades como la Fiscalía o la Dinased sino por gestión de los familiares que se valen de redes sociales, corren la voz con amigos y conocidos. O incluso, por personas desconocidas que han ayudado a dar con el familiar perdido.
El artículo 36 de la Constitución define a las personas de la tercera edad (mayores de 65 años) como un grupo humano que “recibirá atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia”.
La norma queda en el papel, reitera Carol. Durante la búsqueda de su madre, recuerda que le dijeron que todo el contingente se derivó para buscar a dos adolescentes.
Le explicaron que ellas son prioritarias porque son propensas a tráfico de órganos o de redes de trata (de prostitución, de explotación laboral, etcétera).
—Su madre no es propensa a tráfico ni trata —le dijeron.
—Mi mamá es prioritaria porque necesita sus medicinas, porque es de la tercera edad.
—Debe estar con los recicladores —contestó el agente.
A los ancianos nadie se los lleva
Lidia Rueda, presidenta de Asfadec estima que al menos 15 casos de ancianos desaparecidos están registrados en la organización. De este número, asegura, ninguno ha sido localizado hasta el momento.
Rueda advierte que la falta de interés desalienta a los parientes.
Un ejemplo es el caso de la señora Petrona Taqueras, quien fue vista por última vez en la avenida Ponce Enríquez y Salvador Allende, en la parroquia de Conocoto (suroeste de Quito). El 3 de mayo se cumplieron cuatro años de ausencia.
Sus seres cercanos acudieron a la Dinased a presentar la denuncia, pero no la receptaron. Seis días después, el caso ingresó, solo que pasaron dos meses para que el nombre de Petrona fuera incluido en la base de datos del Ministerio de Gobierno (Interior) y se genere el afiche.
¿Por qué la demora?
—Nadie se lleva a los adultos mayores. Ellos no son productivos —dijo el agente policial a cargo del caso de quien Lidia Rueda no recuerda el nombre.
La fragilidad de los ancianos en números
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estimó que 1,3 millones de personas alcanzaron la tercera edad hasta finales de 2020. Ellos representan el 7,17 por ciento del total de los habitantes ecuatorianos.
En lo que respecta a la distribución de este grupo humano, el 41,35 por ciento tiene entre 65 y 70 años; y el 24,71 por ciento, entre 71 y 75 años.
La instrucción educativa en este grupo es una situación preocupante. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) elaboró el «Informe de Gestión del Servicio de Atención y Cuidado para Personas Adultas Mayores del Estado situacional de su Población Objetivo» (2020), que refleja cifras de la producción por parte del sector anciano.
El 38 por ciento de estos pobladores presenta un nivel de instrucción secundaria incompleto, seguido de primaria incompleta (22 por ciento ) y ningún nivel de educación (18 por ciento).
El informe concluyó que «como máximo» la mayoría de «abuelitos» reúne 11 años de instrucción, lo que incrementa su condición de vulnerabilidad.
En cuanto al nivel secundario completo y superior se registran 10 por ciento y 9 por ciento, en ese orden.
Los ingresos económicos de las personas de la tercera edad se encuentran entre los más bajos.
Así, por ejemplo, el sueldo promedio laboral de un adulto mayor jefe de hogar es de 279 dólares, si es que tiene entre 70 y 73 años. Mientras que, durante la etapa económicamente más productiva de su vida, este alcanza una mensualidad de 566 dólares, en promedio.
Ello permite evidenciar el grado de fragilidad al que está sujeta esta población, puesto que, a más edad, menos es la ganancia promedio, siendo el ingreso de 44 dólares si el adulto mayor tiene entre 82 y 85 años.
De esta forma se concluye que este grupo humano incrementa su participación en transferencias como bonos, pensiones y jubilaciones.
¿Desaparición voluntaria?
La presidenta de Asfadec supone que otro aspecto que influye en la falta de interés para la búsqueda de los «abuelitos» es creer que ellos se van de la casa en forma «voluntaria».
Solo en 2019 se registraron 1.252 casos por desaparición (de todas las edades). De ese número, 125 correspondió a la población adulta mayor, de los cuales fueron localizados 113.
De estas cifras se conoció que el 24 por ciento se originó de manera voluntaria a raíz de problemas familiares relacionados con maltrato físico y psicológico; el uno por ciento se produjo por problemas sociales, como alcoholismo, drogadicción y otros.
Mientras que el 47 por ciento se debió a condiciones de discapacidad (mental, visual, movilidad y/o auditiva).
—Hay agentes y fiscales que, con tal de no seguir con la investigación, pretenden echarnos la culpa —añade Isabel Cabrera Ramírez, hija de Leonor Ramírez, desaparecida en 2011.
Hace 11 años vio a su madre por última vez. En este tiempo soportó desaires de los investigadores quienes le insinuaron de que no cuidó a su madre y que se fue de forma voluntaria.
Antes de esta última ausencia, doña Leonor se extravió en al menos tres ocasiones. Un médico geriátrico le diagnosticó principios de demencia senil (alteraciones cognitivas que origina pérdida de autonomía). La primera vez fue localizada a pocos metros de su casa en la 5 de Junio, en el Barrio La Tola (centro sur de Quito).
—Un policía la encontró. Ella se acordaba de su nombre y sabía dónde vivía.
La segunda ocasión, su madre fue localizada en un ancianato en Ambato (Tungurahua), a 158 kilómetros de la capital.
—Nunca supimos cómo llegó allá —explica Isabel.
En la tercera, la señora llegó al ancianato San José, cerca del cementerio de San Diego. En el lugar registraron los datos de Leonor y el número de su casa.
La cuarta fue la vencida. El 29 de abril de 2011, Leonor salió alrededor de las 15:00 horas.
Tomó la ruta habitual: recorrió la 5 de Junio, bajó por la calle Quijano, Maldonado, luego subió a la Plaza Santo Domingo.
Después saludó a una amiga a quien le ayudaba a pelar habas «para ganarse alguna cosita»; luego conversó con Teresa, otra amiga, quien le regalaba «sopitas». Leonor nunca regresó a su hogar.
A esta ausencia, se sumó la del padre de Isabel. Ocho meses después de la desaparición de Leonor Ramirez, don César Cabrera, falleció por cáncer de colon y «de la nostalgia», asegura Isabel.
Isabel narra los actos negligentes por parte de las autoridades. Una de esas fue que en la Policía Judicial la denuncia fue tomada a mano, sin ingresarla al sistema; la agente a cargo, dice Isabel, le exigió que le pagara los taxis y las llamadas para las investigaciones y solo «le daba 10 minutos para el caso».
Al final, la oficial emitió un parte informando que nunca se dio una versión y cerró el caso señalando que su familia nunca colaboró. En enero de 2012 la familia puso de nuevo la denuncia en la Policía Judicial de Pichincha (PJ) y le asignaron otro agente.
Isabel también ha tolerado «comentarios hirientes». Uno de estos fue de parte de una psicóloga del Ministerio de Salud:
—Su mamá ya vivió su vida.
—No voy a dejar de buscar a mi madre, así la encuentre muerta. Nadie puede quitarme ese derecho —renegó Isabel.
Nunca más volvió a esa consulta.
Enfermedades discapacitantes: una ruta marca la ausencia
Las cifras de Dinased señalan que el 17 por ciento de estos casos de desaparición se originan cuando los adultos mayores no encontraron su casa.
La criminóloga Alexandra Mantilla explica que la preexistencia de enfermedades discapacitantes y/o enfermedades mentales coloca a las víctimas en una posición mucho más vulnerable.
La mayoría de casos de personas extraviadas de la tercera edad sufre desórdenes mentales que propician la pérdida de su rastro.
Mantilla fue funcionaria de Dinased en la Unidad de Desapariciones. Recuerda que, en 2002 inició la búsqueda de un señor que trabajó en Correos del Ecuador.
El día que desapareció terminó su jornada laboral, salió hacia el Parque La Carolina y no se lo volvió a ver. El señor tenía 65 años; los familiares advirtieron que «probablemente tenía Alzheimer» (un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento).
La criminóloga advierte que en la mayoría de casos, las enfermedades preexistentes dicen qué ruta marca la ausencia. Pone como ejemplo otro hecho. Hace cinco años, una ciudadana de 70 años también sufría Alzheimer.
Salió con su familia en el festivo del 10 de Agosto, durante la Velada Libertaria, en la Plaza Grande (centro histórico). Y en medio de tanta gente, la señora desapareció.
Diez días después, la encontraron muerta en posición fetal, cerca de las Antenas de Pichincha, a 15 kilómetros de la Plaza.
—La señora murió de hambre, frío, inanición y con golpes. Murió debido a las condiciones de desnutrición, frío y hambre, pero creemos que en su desorientación llegó a ese lugar —cuenta.
Mantilla explica que los agentes deben entender que la búsqueda inmediata es vital, porque al estar en condición de vulnerabilidad, sus vidas corren peligro.
—Las primeras 48 horas son primordiales.
La identificación, clave para localizar a los «abuelitos»
Otro factor que dificulta la ubicación de los adultos mayores es que no tienen acceso a la tecnología, refiere Bolívar Burbano, coordinador de la Unidad de Personas Desaparecidas y agente fiscal N°4 de Personas Desaparecidas de Pichincha.
El funcionario explica que, en estos casos, el personal acude a la tecnología: uso de redes sociales, teléfonos inteligentes, aplicaciones, etc., que permiten conocer la persona y unir los puntos de ubicación. Lamentablemente, dice, los adultos mayores no recurren a ella.
Burbano enfatiza que se está levantando una base de datos en coordinación con instituciones geriátricas como el MIES y centros de acogida para compilar datos con la Unidad de Criminalística, donde se registran huellas dactilares.
El Centro de Cuidado del Adulto Mayor San José, ubicado en el Valle, es una de las instituciones que colabora con este objetivo.
Byron Cuesta, jefe en Ejecución de Proyectos y Servicios del Adulto Mayor de la Unidad Patronato San José, explica que en la residencia —como parte del protocolo institucional— se cumple con un proceso de identificación de los ciudadanos que ingresan.
Esto se realiza a través del equipo de Trabajo Social y de Psicología que verifican la identidad del abuelito.
—Si no hay documentos o referencia de identidad, se articulan con las unidades judiciales para que se cumpla con una búsqueda activa de la identificación de las personas», explica.
La criminóloga Alexandra Mantilla y el fiscal Burbano coinciden en que la ubicación de unser querido también depende de la cooperación familiar. Explican que desde el hogar hay que tener los cuidados necesarios como proporcionar al adulto mayor algún instrumento (dispositivos con GPS, cintillos, pulseras, cadenas) con nombres y datos que ayuden a su localización.
Carol Manzano reconoce que no es posible ir a todos los ancianatos para identificar en cuál se encuentra su madre, pero su familia se organizó para buscarla de forma permanente. Todavía pegan volantes, recorren las calles, preguntan a las personas…
La fiscal Paola Córdova, dice Carol, fue eficiente mediadora para que los agentes cumplan con la investigación, pero advierte que «el caso ya no tiene importancia para ella».
Carol y sus hermanos ya no esperan nada de las autoridades. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a mi madre. Es nuestro deseo, nuestro derecho», exclama.