“Son niñas, no madres”. Este es el nombre de una campaña y de un movimiento regional que defiende los derechos de las niñas latinoamericanas. Se creó con el fin de informar y concientizar sobre las graves consecuencias de las violaciones y las maternidades forzadas en niñas y adolescentes.
Nació en 2016 y fue impulsada por Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional y otras organizaciones que defienden derechos humanos. En la actualidad está integrada por más de doce organismos en una región —la única del mundo— en la que los partos de niñas menores de 14 años van en ascenso, así como la tasa de embarazos no deseados en niñas menores de 15.
Ecuador tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, según datos cotejados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
En 2021, en promedio, nacían cinco bebés al día, de madres de entre 10 y 14 años. Cada día, 108 adolescentes de entre 15 y 18 años fueron madres a lo largo de la geografía nacional, anunció Verónica Zambrano, Directora del Plan Internacional para Sudamérica.
“Es una tragedia, ¿qué futuro se construye en Ecuador?”, dijo.
Los violadores sexuales están dentro del círculo cercano de las víctimas
Un ejemplo de estas escalofriantes cifras es el caso de una niña de Patate, provincia de Tungurahua, registrado en el año 2021. Su padrastro, Luis Aníbal, abusaba de ella desde los seis años. Cuando la niña cumplió 12, la violó y dejó embarazada. La niña huyó de su casa, llegó a Quito y luego regresó para entregar su bebé al violador. Él puso una demanda de alimentos contra la niña violada y ella fue detenida. Un Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua sentenció al violador a 20 años de prisión.
La Policía y la Fundación Azulado ratifican lo que sostiene Cordero, pues el 80 % de los violadores son familiares o personas cercanas a las niñas.
Un ejemplo de esta situación es la historia de Norma, contada en la plataforma “Son niñas, no madres”. Ella nació en Ecuador y tenía 12 años cuando las autoridades la devolvieron a la casa de su agresor: su padre, quien golpeaba a su madre, violaba a su prima y a ella la mantenía encerrada para obligarla a hacer las tareas domésticas.
Norma quedó embarazada de su papá, quien la violaba de manera constante. Ella no pudo abortar, aunque la ley establecía que las mujeres podían hacerlo si su vida y su salud estaban en riesgo. La niña no quería ser madre, estaba tan desesperada y traumatizada que hasta intentó suicidarse, pero nunca recibió apoyo psicológico.
En Ecuador 🇪🇨:
-Solo el 22% de madres adolescentes retoma sus estudios
— Bagre Revista Digital (@BagreRevista) June 10, 2019
Este es un problema sustancial y extremo en Ecuador que termina por hipotecar el futuro de las niñas y condenarlas a que repitan el círculo de pobreza en el que viven. “Una madre, niña o adolescente tiene muchas más dificultades para finalizar sus estudios, situación que complica su acceso al mercado laboral. Al estar en desigualdad de condiciones, cuando consigue un trabajo recibe un pago inferior pues es considerada personal no calificado”, comenta Arcadia Maguiña, Coordinadora Técnico Nacional de Salud de Plan International Perú.
¿Romantizar el embarazo infantil?
Sin embargo, esa maternidad se tiende a idealizar o romantizar. Lo hizo la primera dama ecuatoriana, María de Lourdes Alcívar de Lasso cuando manifestó que la maternidad es una bendición y pidió una oración para que el aborto no fuera legalizado en el país, en abril de 2021, año en que la Corte Constitucional debía emitir un dictamen sobre este tema.
Para la directora de Plan Internacional en Sudamérica, estos conceptos sobre el rol de la mujer están arraigados en la sociedad. “Ocultan la violencia detrás del embarazo y las consecuencias, pues son niñas que no tienen acceso a la salud, a educación y cuando se conviertan en adultas tampoco podrán insertarse en el mercado laboral”, dijo Zambrano.
Berenice Cordero concuerda con Zambrano. Son conceptos personales y culturales que acotan el rol de la mujer al cuidado de los hijos, así como la maternidad, que al margen de las circunstancias se acepta socialmente y es observada con una mirada religiosa.
El Informe Sombra 2019 realizado por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), presentado por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, señala que el Estado no ha respondido a esta terrorífica situación con una propuesta integral.
De acuerdo al documento, el embarazo infantil se ha naturalizado, se confunde con el embarazo adolescente, y las políticas públicas fusionan a los dos grupos en uno solo. Ni las niñas ni las adolescentes son sujetos de derecho ni sus casos son denunciados por el sistema de salud, que tiene la obligación de hacerlo, según el protocolo médico.
Nos merecemos un futuro mejor. Un futuro que lo elijamos libremente.
Merecemos vivir nuestros propios destinos, hacer realidad nuestros sueños.
El embarazo infantil complica la salud física y mental de niñasy adolescentes
Las pequeñas sufren consecuencias fatales en su salud física y mental debido a la violación y al embarazo. Por ejemplo, tienen cuatro veces más riesgo de morir mientras dan a luz que una mujer adulta, señala el Seguro Integral de Salud de Perú. También sufren angustia, depresión y no pueden continuar con su adolescencia o vida como las demás.
El cuerpo de las niñas no está preparado para el embarazo, de allí que se presenten la mayoría de las muertes maternas en Ecuador, pero además surgen daños a largo plazo, explicó Zambrano.
“Ésto está ligado a la salud psicológica; las niñas violadas tienen la autoestima baja. Esto tiene incidencia en la educación, en la deserción escolar y en la reproducción del círculo de la pobreza”.
Así sucedió con una niña, de ocho años, que era abusada por su padre. Un día fue a la casa de su tía a visitar a la abuela y le contó lo que ocurría. La pequeña no quería volver con sus padres y se quedó con sus familiares que denunciaron el hecho. La mamá de la niña sabía lo que pasaba, pero callaba, nunca buscó ayuda ni denunció la violación, señala un informe de la Fiscalía.
“Es un tema grave que debe ser abordado por el Estado desde la prevención de la violencia, no existen políticas públicas para abordar este problema que requiere medidas urgentes”, explica Pilar Rassa, abogada experta en derechos humanos y directora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pichincha.
La ausencia de educación sexual trae consecuencias negativas
Héctor Elisio A. violó a su prima adolescente. Ella tiene un 70 % de discapacidad intelectual, epilepsia y esquizofrenia. La dejó embarazada. Este caso ocurrió en 2016, al norte de Quito, en Calderón.
La Fiscalía consiguió la interrupción del embarazo porque el feto tenía malformaciones genéticas debido a los medicamentos que tomaba la víctima. El Tribunal condenó al violador a 29 años y cuatro meses de prisión, que es la pena máxima por el delito de violación.
Pero hay adolescentes que tienen relaciones sexuales y quedan embarazadas. Según la exministra de Inclusión Económica y Social, después del embarazo, los chicos abandonan a su pareja y ellas se encargan de todo, ayudadas por sus madres. El problema es la ausencia de educación sexual en escuelas, colegios y en las familias, manifestó.
“Los adolescentes no son sexualmente responsables, hay poco diálogo sobre sexo en las familias y con los educadores; más de la mitad de las jóvenes embarazadas no tiene como fin procrear hijos”, explicó Cordero. Señala además que la Ley Orgánica Intercultural es una protección contra la violencia a niños y adolescentes y obliga a los colegios a darles educación sexual.
Según el artículo 26 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el embarazo temprano en niñas y adolescentes será considerado de alto riesgo y se protegerá de manera prioritaria su salud integral.
En cambio, Zambrano, de Plan Internacional enfatizó que se requieren políticas públicas para ayudarlas. No reciben información sobre el uso de anticonceptivos, que es necesaria para que prevengan embarazos no deseados.
“Las familias y las escuelas deben hablar sobre este tema, además deben denunciar el abuso sexual y creer a las niñas para que estos delitos no se repitan”, dijo.
Ni el Estado ni la justicia hacen lo necesario para proteger a las víctimas de violación y sancionar a los violadores. Apenas el 3 % de los casos judicializados tiene sentencia, el resto queda en la impunidad. Se normaliza la violencia de género y sexual.
Por último, los procesos judiciales son revictimizantes para las niñas y adolescentes. El problema es grande, de ahí que se requiera una atención integral, pero sobre todo que las niñas rompan el silencio, al margen de la invalidación familiar —maltrato invisible— a la que suelen ser sometidas por parte de los adultos cuando no les creen. Otro trauma más para ellas.
