En 1986, Fernando Orozco tenía veintidós años y vivía en Guayaquil. Estudiaba peluquería y una noche, al terminar su jornada estudiantil, se paró a platicar con un amigo en las calles Vélez y Lorenzo de Garaicoa, en pleno centro. Un patrullero se estacionó junto a los dos amigos y se bajaron tres policías. Para Fernando, en ese instante comenzó uno de los momentos más oscuros de su vida:
—¡Amanerado!—, le espetó uno de ellos.
—¡Marica!—, sentenció otro.
—¡Papeles!—, inquirió un tercero.
Cuando comprobaron que tenía sus documentos en regla, Fernando pensó que no había motivo de preocupación. Sin embargo, en aquellos años ser abiertamente homosexual —Fernando lo era y, a sus sesenta años de edad lo sigue siendo— era penado por la ley. Y aunque Fernando no estaba teniendo relaciones sexuales en el momento que fue abordado por los policías, estos detenían de forma arbitraria a la población homosexual.
Sin mediar explicación, los policías lo tomaron de los brazos y lo arrastraron. Quiso resistirse. Pero la respuesta fue patadas y toletazos.
Fernando siguió resistiéndose. La agresión se intensificó. Ya en ese punto, rociaron con gas lacrimógeno su rostro. Fernando alcanzó a gritar:
—Deja de armar escándalo, maricón, ¿o quieres que te matemos aquí mismo, como el perro sarnoso que eres?—fue la respuesta de los policías.
En el patrullero continuaron agrediéndolo. Le vendaron los ojos y siguió recibiendo toletazos. Fernando entró en estado de pánico. Empezó a sudar frío y su cuerpo tembló sin que él sea capaz de controlarlo. En medio del terror que lo embargaba alcanzó a decir con un hilo de voz:
—¿Por qué me llevan en el patrullero? ¿Qué delito cometí?
Uno de ellos dejó de pegarle por un momento. Pero no era porque iba a parar sino que lo hizo para soltar una carcajada. En medio de la oscuridad, Fernando pudo percibir que los ojos de su agresor brillaban y destellaban chispas:
—¡Cállate meco?, ¿quién te dijo que tienes permitido hablar?
Terminó la frase y reanudó las carcajadas que se volvieron más demenciales. Los otros lo siguieron y golpearon con más enjundia. En este punto, perdió el sentido y se desplomó. No sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente. El siguiente recuerdo que viene a su mente es agua helada sobre su rostro. Así lo despertaron. Y todavía con los ojos vendados, entre los tres policías, lo bajaron a empellones y patadas del patrullero. Había llegado al Cuartel Modelo de Guayaquil.
Legalizaron la detención con un parte en el que justificaron la arbitrariedad arguyendo que estaba causando disturbios en la vía pública, según recuerda el agredido. El policía que lo redactó fue el mismo que lo agredió y le dio la “oportunidad” de detener la legalización del parte a cambio de dinero. Pero Fernando no tenía en sus bolsillos más que el pasaje para la buseta de regreso a su casa, después de sus clases de estilismo en la academia de belleza de la que era alumno.
Le asignaron una celda conocida como La Lagartera. Allí eran llevados, sin discriminación alguna, quienes habían cometido contravenciones menores y delincuentes, narcotraficantes, violadores sexuales, asesinos y asaltantes.
Recuerda Fernando:
“Con gente tan peligrosa me encerraron. Hasta ahora recuerdo esos momentos con rabia, dolor y un profundo miedo. Lo que me estaba sucediendo era increíble. Los delincuentes, en algún lugar de su entendimiento, saben que tarde o temprano terminarán en un lugar así. Pero, en mi caso, no había cometido ningún delito. Los policías me detuvieron, torturaron y encarcelaron por ser homosexual. Y la ley lo permitía”.
—¡Tenemos carne fresca!—anunció a los presos el policía que llevó a Fernando hasta La Lagartera.
Como respuesta, los presos espetaron carcajadas estrepitosas y perturbadoras. Lo que sucedió a continuación, Fernando no lo tiene claro. Solo logra que sus recuerdos lo transporten hasta el frío y sórdido piso de La Lagartera, donde se observa desnudo y sintiendo un profundo dolor porque sangraba por su parte íntima. Había sido violado por el caporal y varios de los presos que, además, lo habían agredido con armas cortopunzantes que ellos mismos fabricaron.
Esta fue una de las tres ocasiones en las que Fernando fue encarcelado por su condición homosexual.
El 5 de junio del 2019, la organización Nueva Coccinelli —la organización que se formó con los sobrevivientes de las décadas de los ochenta y noventa y que, como Coccinelli, participó en la derogación del inciso primero del artículo 516— interpuso una demanda al Estado ecuatoriano por graves violaciones a los derechos humanos. El caso, con número de expediente fiscal 170101819060675 e ingresado como “tentativa de lesa humanidad”, tiene como último movimiento el 27 de mayo de este año. La Fiscal de la Comisión de la Verdad encargada es la doctora Vanessa Yesenia del Pozo Ortega.
Por Nueva Coccinnelli firmó Nebraska Montenegro, una de las sobrevivientes de las décadas de los ochenta y noventa cuando se penalizaba la homosexualidad. Nebraska, una transexual de la tercera edad, se dedica al estilismo en su vivienda ubicada en el sur de Quito. Entre sus anécdotas, cuenta que en la década de los noventa, cuando necesitó hacerse atender en un hospital público, le negaron la entrada y le advirtieron que si insistía en ingresar la iban a inyectar con sangre contaminada con VIH.
El relato de Nebraska coincide con el de Fernando. Para ella era imposible tener un plan de vida. La mayoría de su tiempo lo dedicaba a realizar trámites para ser excarcelada de la extinta Comisaría de Policía de Quito, ubicada en las calles Cuenca y Mideros, o del también desaparecido Centro de Detención Provisional (CDP) que, en contra de su voluntad, eran su “segundo hogar”.
Los pocos ingresos que Nebraska percibía de su labor como estilista eran destinados a pagar las multas que le imponían para salir de esos lugares. En su caso —al igual que Fernando— la detenían por su condición homosexual. En varias ocasiones fue conducida por policías hasta la laguna del parque La Alameda. Allí, sus captores la obligaban a hacerles sexo oral, luego era violada, despojada de sus prendas íntimas, gaseada, para terminar siendo arrojada a la laguna del parque. En muchas ocasiones en las que estuvo detenida en el CDP fue violada por agentes policiales y por otros presos. En eso, su relato también coincide con el de Fernando. Otra dependencia que Nebraska “visitaba” con regularidad eran las instalaciones del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P).
¿Pero por qué Nebraska era conducida específicamente a esas dependencias?
En febrero de 2013, la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado logró incautar un archivo secreto que pertenece a los años 1984 a 1988 y da cuenta de la existencia de una unidad policial clandestina denominada SIC-10, cuyo fin era perseguir “la subversión” y realizar “limpieza social”. En uno de sus documentos se dicta instrucciones precisas de qué observar en un sospechoso: edad, sexo, pelo, estatura, vestidos, contextura, estatura.
En las varias ocasiones que Nebraska fue llevada hasta el SIC, fue testigo de cómo, población homosexual, era torturada: “a la víctima le colocaban fundas plásticas llenas de gas lacrimógeno en la cabeza, para luego quitárselas y sumergir su cabeza en inodoros a veces llenos de excrementos”. En otras ocasiones los detenidos eran violados por grupos de policías y obligados a practicarles sexo oral. Terminada la “labor”, los dejaban a la merced de los presos para que los siguieran violando.
Los abusos instaurados durante la década de los ochenta continuaron en los noventa. La semana que sucedió al sábado 14 de junio de 1997, Cuenca, una ciudad de tradición conservadora, se conmocionó ante el anuncio de que el Intendente de Policía ingresó al Abanicos’ Bar donde se realizaba la primera elección de una reina gay en el Ecuador. Las participantes eran cuatro. Una de ellas era Pachis Cuéllar (+) quien ganó el concurso.
El Tiempo de Cuenca imprimió el siguiente titular el 18 de junio de 1997: “clausuran antro de homosexuales”. Y remató así: “la autoridad no recuerda que antes haya pasado una cosa semejante en Cuenca y lamenta que ocurran atentados a la moral como este”.
Pachis, ataviada con un vestido de gala, fue detenida junto a 63 asistentes al concurso de reina gay. La banda y su vestido fueron los mudos acompañantes de Pachis en su forzoso periplo por el CDP de Azuay, donde la encarcelaron. Al igual que Fernando y Nebraska, Pachis fue torturada: el caporal de la celda fue el primero en violarla, luego la entregó al resto de presos para que también lo hagan. Los 63 detenidos de la noche, al igual que Pachis, fueron violados y gaseados. El macabro ritual terminaba con sus cabezas en los inodoros llenos de excrementos o propiciándoles baños de agua fría combinados con descargas eléctricas.
Una exfiscal de la Comisión de la Verdad —que pidió de forma expresa que se reserve su identidad— recibió a algunos de los sobrevivientes de las torturas de las décadas de los ochenta y noventa, y confiesa que tuvo que interrumpir en varias ocasiones a las “supuestas” víctimas porque no soportaba la crudeza de sus relatos y tenía que correr al baño a vomitar.
Una informante que se acoge a la reserva de la fuente y que investigó las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos que sufrió la población LGBTIQ+ durante las décadas de 1980 y 1990, cree que este caso reúne todos los elementos para demandar al Estado, tanto en el aparato de justicia nacional como en cortes internacionales, por el delito de lesa humanidad.
La informante recalca que los requisitos que debe reunir un caso para ser considerado delito de lesa humanidad son: ataque desde el Estado a la población civil que se caracterice por ser generalizado y/o sistemático; es decir, que se cree toda una institución desde el Estado para lograr un efecto de ataque a las personas civiles y “desaparecerlas”. Este tipo de delito supera a una “sola” grave violación de derechos humanos, porque se planifica desde el Estado.
Según estimaciones de la informante, los asesinatos a homosexuales y transexuales durante estas dos décadas pueden llegar a doscientos. Ella asegura que entrevistó a más de cien sobrevivientes y todos los relatos que escuchó, coinciden. Agrega que “quienes fueron criminalizados, torturados, desaparecidos y asesinados pertenecían a grupos humanos excluidos y estigmatizados. En ese contexto, ser hombre afro, homosexual o transexual era peligroso y sigue siendo peligroso: pese a que se despenalizó la homosexualidad en la Constitución, la despenalización a nivel social sigue siendo una utopía”. Y concluye: quienes participaron en estos abusos no eran solamente elementos de la Policía Nacional, sino también militares y elementos civiles.
1997: “Casquete” fue agredido por elementos de la Policía Nacional en el sector del puente de El Guambra. Archivo Organización Coccinelli. 
1999: “Wagner”, transexual, fue asesinada en Quito. Su crimen quedó en la impunidad. Archivo Organización Coccinelli. 
“Panchita” participó en el proceso de despenalización de la homosexualidad. Fue asesinada en el 2000. Nunca se investigó el hecho. Archivo Organización Coccinelli.
En más de una ocasión, la informante ha sufrido accidentes extraños de los que, milagrosamente, ha salido bien librada. También ha recibido amenazas de muerte debido a su labor: “deja de joder”, “deja en paz”.
Al preguntar a un grupo de diez jóvenes homosexuales de entre veinte y veinticuatro años si conocían que, hace veinticinco años, sus pares eran detenidos, encarcelados y torturados en Ecuador por mostrar su orientación sexual, ocho de ellos dicen ignorarlo.